Madres Unidas por la Justicia pide protocolos más efectivos tras caso de violencia familiar en Saltillo

La asociación REVIVE Coahuila (Madres Unidas por la Justicia) y diversas organizaciones sociales expresaron su indignación por los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto en Saltillo, presuntamente relacionados con violencia familiar, y exigieron a las autoridades revisar la forma en que se atienden las denuncias, amenazas y solicitudes de protección realizadas por mujeres en situación de riesgo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, las colectivas manifestaron su solidaridad con las víctimas, la madre sobreviviente, el menor afectado y sus familiares, al tiempo que reconocieron la detención del presunto responsable; sin embargo, señalaron que una captura posterior a los hechos no puede considerarse un reflejo suficiente de la eficacia institucional.

“Que el responsable enfrente consecuencias es necesario, pero llega tarde cuando la violencia ya provocó daños irreparables”, señalaron, al cuestionar que la prevención debe comenzar desde la primera denuncia, amenaza o señal de riesgo.

Las organizaciones pidieron revisar a fondo la aplicación de las órdenes y medidas de protección para mujeres e infancias, al considerar que no basta con emitir documentos que restrinjan el acercamiento de un agresor, sino que es necesario evaluar correctamente el nivel de peligro, dar seguimiento permanente a las víctimas y actuar de inmediato ante cualquier incumplimiento.

También alertaron sobre la normalización de conductas violentas dentro del entorno familiar, al señalar que amenazas, control, acoso o agresiones no deben ser considerados simples conflictos de pareja, pues pueden convertirse en escenarios de violencia extrema.

Las colectivas afirmaron que los casos de violencia feminicida suelen estar antecedidos por señales de alerta y llamados de auxilio que, de no atenderse oportunamente, pueden derivar en consecuencias graves.

Además, cuestionaron que las instituciones públicas mantengan diálogos con ciertos grupos sociales mientras, dijeron, no existe la misma apertura hacia colectivas feministas, víctimas y madres protectoras que buscan visibilizar la violencia de género y las desigualdades que enfrentan las mujeres.

REVIVE Coahuila sostuvo que la seguridad para las mujeres no debe medirse únicamente por el número de detenciones, sino por la capacidad del Estado para prevenir agresiones, atender denuncias y garantizar protección efectiva.

Entre sus exigencias se encuentran:

1. Revisar la eficacia y dar seguimiento real y permanente a las medidas de protección otorgadas a favor de mujeres e infancias; además de capacitar y evaluar al personal ministerial, judicial y policial, como parte del protocolo de atención a las víctimas de violencia de género.

2. Implementar protocolos tomando la experiencia de otros países, como el Modelo Británico que está basado en reuniones operativas multiinstitucionales donde se incluye a Sociedad Civil, para la evaluación de riesgos de las mujeres con medidas de protección, así como el apoyo de asesoras independientes de violencia doméstica.

3. Aplicar un protocolo que garantice la coordinación inmediata entre Fiscalía, Poder Judicial, policías, Secretaría de las Mujeres, Centros de Justicia y autoridades de protección de la infancia.

4. Destinar recursos suficientes para programas de prevención, atención jurídica y psicológica, mecanismos de auxilio y espacios formales de diálogo con colectivas y víctimas.

La organización también propuso adoptar modelos internacionales de evaluación de riesgo, como esquemas utilizados en otros países donde participan autoridades y sociedad civil para analizar casos de mujeres con medidas de protección y brindar seguimiento especializado.

Finalmente, las colectivas señalaron que el compromiso institucional debe ir más allá de castigar a quienes cometen violencia y enfocarse en evitar que las víctimas y sus familias enfrenten consecuencias irreversibles por falta de atención oportuna.