Manifestantes del Tec Saltillo exponen nuevo pliego petitorio; exigen investigación y eventual destitución de la directora
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Estudiantes formalizaron nueve exigencias ante la Dirección Jurídica del TecNM; solicitan auditoría federal, investigar denuncias de acoso y la posible destitución de Ania Sánchez Ruiz
El Movimiento Estudiantil Burros Pardos del Instituto Tecnológico de Saltillo elevó sus exigencias al solicitar formalmente la investigación y eventual destitución de la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, a quien señala por presuntas omisiones ante denuncias de acoso, negligencia administrativa y posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La exigencia forma parte de un nuevo pliego petitorio de nueve puntos, fechado el 30 de octubre, que los manifestantes hicieron público este domingo a través de su página oficial de Facebook y que, según informaron, ya fue enviado a la comisión de abogados adscritos a la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM).
El documento representa una nueva etapa del conflicto estudiantil, al incorporar solicitudes de procedimientos administrativos, medidas cautelares y mecanismos de fiscalización, además de las demandas iniciales relacionadas con infraestructura, servicios y protección de los derechos estudiantiles.
Entre los planteamientos de mayor alcance destaca la solicitud de iniciar un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) contra Sánchez Ruiz, por presuntas conductas omisas, negligentes y de encubrimiento ante denuncias de acoso, así como posibles irregularidades financieras.
El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) es un documento oficial que elabora la autoridad investigadora cuando, después de revisar posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, encuentra elementos suficientes para atribuirles una probable falta administrativa.
Este informe permite iniciar un procedimiento para determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar sanciones que pueden incluir la suspensión, destitución o inhabilitación del funcionario. Sin embargo, la presentación de un IPRA no implica culpabilidad ni separación automática del cargo, ya que las acusaciones deben investigarse y resolverse conforme a la ley, respetando el derecho de defensa de las personas señaladas.
Los estudiantes demandan la separación temporal de la directora mientras se desarrollan las investigaciones y, en caso de acreditarse responsabilidades, su destitución definitiva. Sin embargo, estos señalamientos constituyen acusaciones del movimiento y no responsabilidades demostradas por alguna autoridad.
La petición también contempla investigar a docentes y funcionarios señalados por presuntos actos de acoso, hostigamiento o encubrimiento, además de separarlos temporalmente de sus funciones con goce de sueldo mientras se sustancian los procedimientos correspondientes.
En materia financiera, el movimiento exige una auditoría integral de la Auditoría Superior de la Federación sobre ingresos propios, federales, estatales y extraordinarios, así como contratos, adquisiciones, obras, servicios y egresos del plantel.
Paralelamente, propone crear una Contraloría Estudiantil con representantes elegidos democráticamente, encargada de supervisar la aplicación de recursos destinados a laboratorios, infraestructura y necesidades académicas, con independencia de organizaciones partidistas.
Otro punto solicita actualizar el protocolo de género, con intervención de la Fiscalía General del Estado para atender denuncias de violencia sexual, garantizar medidas de protección y evitar la revictimización de las personas denunciantes.
El pliego incorpora además una exigencia específica para investigar la presunta filtración de expedientes académicos, fotografías e información privada de estudiantes a medios digitales y redes sociales, hechos que los manifestantes consideran posibles mecanismos de intimidación y desprestigio.
Asimismo, demandan una carta institucional de no represalias, rehabilitación de la alberca, sanitarios, aulas, áreas de descanso y cafetería del campus Boilot, además de respuestas escritas a las peticiones particulares de las distintas carreras.
La formalización ocurre en el sexto día de bloqueo del bulevar Venustiano Carranza, con suspensión de clases presenciales y afectaciones a miles de integrantes de la comunidad tecnológica.
La Dirección Jurídica del TecNM convocó a mesas de diálogo para los días 5 y 6 de noviembre, a las 10:00 horas, en el Centro de Información del plantel.
Hasta ahora no se ha confirmado una resolución institucional sobre las nuevas exigencias. La dirección del Tecnológico ha sostenido que mantiene disposición al diálogo y que previamente entregó propuestas para atender las demandas estudiantiles, pero aún no emite declaraciones al respecto.
Se espera que en el transcurso del día se pueda concretar la mesa de diálogo para revisar este pliego petitorio actualizado.