Rendición de cuentas: Demasiado poder, pocas explicaciones

La idea parece sencilla, aunque para algunos resulte bastante incómoda: quien ejerce una responsabilidad pública tiene que responder ante la sociedad. No es un favor, una cortesía ni una concesión de quienes ocupan un cargo; es una obligación. El problema comienza cuando algunos de los que hoy ocupan un escaño, una dirección o una posición de autoridad parecen confundir el cargo con una propiedad privada y el poder con una licencia para decidir sin demasiadas explicaciones.

Administran recursos que no les pertenecen, toman decisiones que afectan a miles de personas y ejercen facultades que les fueron conferidas para cumplir una función determinada. Pero cuando llega el momento de explicar sus actuaciones, aparece una curiosa maquinaria de evasión: tecnicismos, reglamentos, procedimientos administrativos y comunicados que, después de muchas palabras, terminan diciendo muy poco.

Los reglamentos establecen límites, no coartadas; los cargos implican responsabilidades, no privilegios. Y la autoridad, por más importante que sea quien la ejerza, no debería convertirse en una zona de inmunidad.

Durante años hemos construido una sofisticada arquitectura de transparencia. Tenemos portales electrónicos, formatos, unidades especializadas, informes y mecanismos de acceso a la información. En el papel, nuestras instituciones parecen perfectamente vigiladas.

Sin embargo, habría que preguntarse: ¿de qué sirve tanta información si seguimos sin entender cómo se toman las decisiones? Publicar cuánto se gastó no explica por qué se hizo. Exhibir un contrato no justifica necesariamente cómo se eligió al proveedor. Presentar un informe financiero tampoco demuestra que los recursos se utilizaron adecuadamente. Hemos terminado confundiendo transparencia con acumulación de documentos y rendición de cuentas con entrega de informes. Una especie de burocracia de la transparencia en la que todo parece estar disponible, pero no necesariamente explicado.

La transparencia no consiste en llenar plataformas digitales y después presumir que la información está al alcance de todos, sino en permitir que la sociedad conozca, comprenda y cuestione las decisiones de quienes ejercen autoridad. De lo contrario, tenemos instituciones que publican cada vez más documentos, pero que no necesariamente explican mejor lo que hacen. Y aquí conviene detenernos: rendir cuentas significa explicar qué se hizo y por qué, quién tomó la decisión, qué resultados se obtuvieron y quién debe responder si algo sale mal. Si una investigación acredita responsabilidades, deben existir consecuencias proporcionales a los hechos. No toda equivocación es corrupción, pero tampoco podemos aceptar que las explicaciones administrativas se conviertan en el refugio permanente de quienes no quieren asumir responsabilidades.

La rendición de cuentas necesita algo más que documentos: requiere respuestas, correcciones y consecuencias. El asunto tampoco es exclusivo de los gobiernos. También alcanza a universidades, empresas, organismos autónomos, partidos políticos y organizaciones sociales. Toda institución que administra recursos, ejerce autoridad o toma decisiones que afectan a una comunidad tiene la obligación de explicar sus actuaciones. No hay razón para establecer una doble moral: exigir transparencia a los funcionarios públicos y tolerar la opacidad de los directivos de otras organizaciones.

Una universidad puede tener una historia admirable; una empresa, una trayectoria reconocida; un organismo autónomo, una función democrática indispensable. Pero ninguna de esas credenciales constituye un salvoconducto para evitar preguntas. El prestigio institucional no sustituye la obligación de explicar. Tampoco la autonomía significa inmunidad: la independencia protege a las instituciones de presiones indebidas, no las libera del escrutinio público.

La opacidad, además, tiene una consecuencia que suele pasar inadvertida: concentra poder. Cuando unos cuantos deciden sin explicar, administran sin ser cuestionados y establecen prioridades sin ofrecer razones, la comunidad pierde capacidad para intervenir y evaluar. Quien controla la información también controla buena parte de las condiciones en las que se ejerce el poder.

Por eso, la transparencia no es un asunto decorativo ni una moda administrativa: es una condición para limitar la discrecionalidad y evitar que las decisiones institucionales se conviertan en asuntos reservados a quienes ocupan los cargos directivos. La confianza no se decreta, no se exige y mucho menos se construye mediante campañas de comunicación; se gana cuando las decisiones pueden conocerse, cuestionarse y justificarse.

Lo que sucede alrededor del INE nos obliga a mirar más allá de una controversia particular. No estamos hablando solamente de una autoridad electoral, sino de una práctica que atraviesa la vida institucional: la resistencia a explicar cómo se ejerce la autoridad, cómo se administran los recursos y quién responde por las decisiones. Y, por supuesto, la discusión alcanza también a los partidos políticos y a las universidades, que en estos momentos se encuentran bajo el escrutinio público por sus decisiones y prácticas administrativas.

Una sociedad que deja de preguntar termina acostumbrándose a la discrecionalidad. Y una institución que no está habituada a rendir cuentas termina confundiendo la ausencia de cuestionamientos con legitimidad. ¿Le suena?

La transparencia no es un favor que las instituciones conceden; es un derecho que la sociedad debe ejercer. Y la rendición de cuentas no es un trámite para conservar las apariencias, sino la obligación de responder por el poder y los recursos que la sociedad ha puesto en sus manos. Así las cosas.