Monclova: Juez ordena aplicar Protocolo de Estambul por tortura en caso de Clarisa ‘N’
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El juez del Centro de Justicia Penal Acusatorio activó el protocolo para garantizar la protección de la acusada y la investigación imparcial de los agentes
MONCLOVA, COAH.- En una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Acusatorio de Monclova, la defensa de Clarisa “N” presentó denuncias graves: su clienta habría sido agredida y sometida a tortura física y psicológica con el objetivo de obligarla a declararse culpable del presunto robo de 1.5 millones de pesos a un cliente de un hotel de la ciudad.
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Ante estos señalamientos, el juez encargado del caso determinó activar el Protocolo de Estambul, un conjunto de directrices internacionales diseñado para documentar y investigar de manera rigurosa la tortura.
La medida busca proteger a la acusada mientras se realiza una investigación imparcial sobre la actuación de los agentes involucrados.
“El juez giró instrucciones para que se lleve a cabo cuanto antes la investigación correspondiente, siguiendo los lineamientos internacionales para la documentación de tortura”, señalaron fuentes judiciales.
¿QUÉ ES EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL?
El Protocolo de Estambul, formalmente conocido como Protocolo para la Investigación y Documentación Efectiva de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fue elaborado por las Naciones Unidas en 1999. Su objetivo es proporcionar un marco técnico y legal para que médicos, psicólogos, abogados y organismos de derechos humanos puedan documentar casos de tortura de manera sistemática y profesional.
Algunos puntos clave del protocolo incluyen:
Enfoque integral: Combina evaluaciones médicas, psicológicas y legales de las víctimas.
Uso legal: Funciona como guía para presentar evidencia en juicios nacionales e internacionales.
Prevención y rendición de cuentas: Busca que los casos de tortura no queden impunes y promueve investigaciones exhaustivas y transparentes.
En pocas palabras, se trata de la herramienta oficial para que la tortura pueda ser probada y perseguida judicialmente, asegurando que la información se recoja de manera confiable y profesional.
Este caso combina la investigación de un delito patrimonial con posibles violaciones a los derechos humanos. El Protocolo de Estambul permitirá documentar detalladamente cualquier agresión sufrida por Clarisa “N”, y en caso de comprobarse, los responsables podrían enfrentar sanciones conforme a la ley.
