En Frontera, Coahuila, criticar al alcalde es vivir en el filo de la navaja

Por Octavio Rivera López / Border Center for Journalists and Bloggers

Mayra Cisneros, Gabriel Ángeles Ovando y Apolonio Cruz son sólo tres de los reporteros que saben que, en Frontera, Coahuila, ejercer el periodismo es vivir en el filo de la navaja. Cisneros, incluso, tuvo que ser extraída de Coahuila por el mecanismo de protección para periodistas para luego ser enviada a Europa a un lugar oculto con el fin de proteger su vida. La vida de Ovando y Cruz, afirman, está en peligro.

Los tres habrían pagado el precio por criticar al alcalde de Frontera, el príista Florencio Siller, y a su administración.

El 26 de febrero pasado el director jurídico de Siller amenazó con demandar legalmente a cualquier ciudadano que se atreviera a hablar mal del alcalde. La declaración se volvió un escándalo en redes y en medios de comunicación en todo el país y terminó poniendo a Siller en el banquillo.

La resonancia que alcanzó la amenaza hizo posible una revisión de viejos agravios de Siller en su accidentada relación con la prensa, y presentó a Frontera como un preocupante microcosmos que, en buena medida, refleja la dura realidad que enfrentan los periodistas en ese universo convulso que es el norte de México.

El Border Center for Journalists and Bloggers hace esta recapitulación del caso, con la convicción de que el aislamiento y el olvido son el maná del que suele nutrirse la impunidad.

El escándalo

Así, sin más, Alain Obed Mendoza amenazó con retirarles a los habitantes de Frontera, Coahuila, el derecho a expresarse libremente que la Constitución garantiza a todos los mexicanos desde 1917.

Mendoza, director jurídico del ayuntamiento, consideró conveniente, junto con otros empleados de esa administración, realizar una reunión el 26 de febrero para refrendar su lealtad a su jefe, el alcalde Florencio Siller, víctima aparente de una ola de críticas infundadas. 

Cuando tocó el turno a su letanía, Mendoza soltó: “No se va a permitir, bajo ninguna circunstancia, que ninguna persona, ningún ciudadano hable mal de nuestra investidura (sic), que es el alcalde, y mucho menos de nosotros, porque somos un equipo de trabajo”.

Y agregó: “Entonces… la persona que nos percatemos que está haciendo manifestaciones falsas, que está declarando ante Facebook, Twitter, cualquier medio electrónico, desprestigiando a este ayuntamiento, a este municipio, y sobre todo a nuestro alcalde… se tomarán las medias legales, y los recursos legales pertinentes y se va a actuar conforme a derecho en contra de todas y cada una de las personas…”.    

Pese a la evidente confusión de Mendoza con el término ‘investidura’, el alcalde Siller, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agradeció asintiendo las palabras de su asesor legal. 

Luego Siller correspondió a la muestra de devoción subalterna con una palmada verbal para todo su equipo: “No se preocupen, no se me preocupe nadie de comentarios (negativos), yo a cada uno de ustedes los puedo ver de frente”. 

El episodio quizás hubiera pasado desapercibido, de no ser porque uno de los asistentes encontró interesante inmortalizar el encuentro en un video que de inmediato llegó a las redes sociales. Error.

En minutos, Siller y su asesor legal quedaron sumergidos en un tsunami de críticas que alcanzó las redes sociales y, durante varios días, un lugar prominente en las coberturas de importantes medios regionales y otros de alcance nacional.   Lejanía, impunidad   El brete en el que se metieron Siller y Mendoza bien pudo haber sido atribuido a la ignorancia que compartirían ambos en materia de garantías individuales y libertad de expresión.   Pero no. Rodrigo Rivas, quien compitió por el Partido Acción Nacional (PAN), sin éxito, contra Siller por la alcaldía, dice que no, que es otra la explicación.   Rivas, actual regidor de Frontera, asegura que lo que motivó al alcalde y a su jurídico a lanzar la amenaza fue la seguridad de que no pasaría nada, de que tendrían impunidad garantizada.   Es la misma impunidad, agrega, de la que tradicionalmente han gozado, cuando cometen cualquier tipo de abuso, las autoridades de municipios pequeños y aislados, no sólo en Coahuila, sino en prácticamente todo el norte del país.   “Es el aislamiento. Nos voltean a ver muy poco desde el centro. Normalmente estamos fuera de la mira de los medios nacionales”, dice Rivas. “Se sienten Reyes (autoridades como Siller), creen que hagan lo que hagan no les va a pasar nada, y durante mucho tiempo efectivamente ha sido así”.   Ciudad Frontera es un municipio ubicado en el centro del estado de Coahuila, que forma parte de la zona metropolitana de Monclova y tiene poco más de 80 mil habitantes, según el conteo de población del 2015.   Se ubica a poco más de mil kilómetros de carretera de la Ciudad de México y a 200 de la capital del estado, Saltillo.   Maurilio Romo coincide en que la falta de reflectores facilita la aparición de autoridades que añoran el autoritarismo del pasado. Romo también es panista. Ha sido funcionario en tres administraciones municipales en Frontera y fue presidente local de su partido.    “Si un funcionario de una alcaldía de la Ciudad de México hubiera dicho lo que dijeron Siller y su jurídico, medios y ciudadanos se los hubieran comido vivos de inmediato… funcionarios como Siller nos regresan al pasado”, dice Romo.    Periodistas en la mira   La reciente amenaza de Mendoza, avalada por Siller, cobra relevancia porque contribuye a una funesta estadística que en 2017 ubicó a Coahuila como el segundo estado del país donde más agresiones contra periodistas se cometieron.   Ese año, de acuerdo con Artículo 19, en la entidad se registraron 41 denuncias, la mayoría por intimidación (15) y amenazas (10). La cifra negra podría ser mucho mayor.   De acuerdo con la organización, las agresiones contra periodistas habrían tenido durante 2018 el repunte más significativo justo en Coahuila y, para infortunio de prácticamente todo el norte del país, en Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua. En su informe Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas, Artículo 19 presenta varios datos que dibujan un escenario desolador para los comunicadores.   • Entre 2010 y 2018 se denunciaron en México 186 delitos contra la libertad de expresión, en los que las víctimas fueron periodistas o medios de comunicación.   • Del total de estos delitos, “gracias a la ineficiencia de las autoridades”, 99.13% estaba impune hasta la fecha en que se presentó el informe (25 de febrero de 2019) y,   • sólo en 10 casos se había obtenido una sentencia condenatoria para el responsable.   El documento agrega que, del año 2000 hasta la publicación del informe, 123 periodistas fueron asesinados en el país:    • 48 en el sexenio de Felipe Calderón.   • 47 en el de Enrique Peña Nieto y,   • tres durante los primeros 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.   Un dato más: de 2003 a la fecha, 24 periodistas siguen en calidad de desaparecidos.   El reporte llega a la conclusión de que el periodismo y la libertad de expresión “se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo”.   Y en Frontera, Coahuila, ha sido exactamente así.

Historia de abusos

La amenaza en Frontera también cobró mayor notoriedad por los antecedentes del alcalde. Siller ha estado involucrado en casos de violencia en contra de periodistas en el pasado. Quizás el más delicado es el de la periodista Mayra Cisneros.

Alrededor de las 1:45 de la madrugada del 3 de julio del 2018, Cisneros se paró a cargar combustible en una gasolinera en Frontera. Tan pronto se retiró de la estación de servicio una camioneta negra la interceptó. De ella descendieron tres hombres con el rostro cubierto, la sacaron de su auto y la subieron en los asientos traseros de la unidad.

De acuerdo con la reportera, los sujetos manejaron durante varias horas mientras la golpeaban y torturaban sicológicamente. Al menos tres veces la bajaron del vehículo, la hincaron en el piso y simularon que le disparaban con un arma en la cabeza.

En algún momento le dejaron saber que tenía que dejarse de meter con “Lencho”, como le dicen a Florencio Siller en Frontera.

Después de varias horas, y poco antes de liberarla, los sujetos le ordenaron retirar la denuncia por amenazas que días antes había interpuesto contra el alcalde.

La denuncia a la que se referían fue interpuesta por Cisneros el 28 de junio de 2018. En ella, la periodista relató las amenazas que le profirió el alcalde dos días antes, el día 26 de junio.

La mañana de ese martes 26, en su programa de radio, Cisneros habló de la escasa asistencia que había registrado la noche anterior un evento de campaña de Siller, quien buscaba reelegirse en los comicios que se llevarían a cabo el 1 de julio.

Terminada la transmisión, Cisneros salió de la estación de radio para atender otros asuntos, cuando recibió una llamada de su jefe. Le avisaba que el alcalde estaba furioso por sus comentarios, y le pidió contactarlo para arreglar el problema. Cisneros le llamó varias veces, pero Siller no le tomó la llamada.

Pasadas las 11 de la mañana, Siller finalmente la llamó. “Me empezó a insultar –cuenta Cisneros, desde la casa de seguridad en la que vive hoy en Europa–. Me dijo que yo sólo tenía que leer los boletines que mandaban del ayuntamiento. Intenté decirle que yo no trabajaba para él… pero no dejaba de gritarme”.

Según Cisneros, antes de colgar, Siller le prometió que, pronto, sabría de lo que era capaz.      

Siller ganó la reelección el 1 de julio y se reeligió para el periodo 2019-2021. Cisneros fue privada de la libertad por los sujetos de la camioneta negra el día 3.

Ella no sólo no retiró la denuncia por amenazas en contra del alcalde. Días después, en una ampliación de sus declaraciones, relató que había sido “levantada”. La Fiscalía General del estado ordenó de inmediato medidas de protección para ella.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal recibieron la orden de resguardar su domicilio, pero nada pudo detener el acoso, las amenazas, los vidrios rotos…

El caso llegó hasta la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y, más tarde, después de una valoración del caso, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas decidió, en los primeros días de agosto, sacar a la periodista de Frontera.

Cisneros estuvo resguardada en la Ciudad de México hasta el 15 de noviembre de 2018, día en que fue llevaba al aeropuerto internacional de la ciudad de México, de donde partió hacia Europa, donde habita desde entonces una casa de seguridad, en la más contundente de las soledades.

Los abogados del mecanismo de protección le comunicaron a Cisneros hace algunas semanas que no había condiciones para que volviera a Coahuila. Aun así, la periodista contemplaba la posibilidad de visitar la Ciudad de México para someterse a una cirugía en los ojos, afectados por los golpes que recibió cuando fue privada de la libertad.

Pero las recientes amenazas de Siller y de parte de su equipo enrarecieron el ambiente en Frontera y reavivaron los temores entre los familiares de Cisneros.  “Llamé a mi mamá y me dijo que no quería que volviera”.

No sólo temen que Cisneros pueda sufrir más agresiones. Su familia siente que, si ella vuelve a Coahuila, también a ellos los pone en riesgo.

Así, pensando en todo esto, pasa los días Cisneros, extrañando a su madre, a su hija y a sus nietos desde un exilio obligado, y sin una sola imagen, más o menos clara, de lo que será su futuro.

“Tranquilamente, me lo quitaron todo, me quedé sólo con la ropa que traigo puesta”.

Otros periodistas en la mira

El 11 de octubre de 2018, policías de Monclova y Frontera que estaban de asueto decidieron estrechar lazos con un partido de futbol. Todo bien hasta ahí. Lo que no parecía del todo apropiado era que cada equipo tenía una nutrida porra de policías uniformados que estaban viendo el juego en horas de trabajo.  

Tantas patrullas y uniformados llamaron la atención del periodista Gabriel Ángeles Ovando, que vive cerca del campo de futbol. Ovando se acercó y empezó a grabar la escena con su celular. A los policías no les gustó y algunos se le fueron encima.

José García Ramos, subdirector de Seguridad Pública de Frontera, llegó a retirar a los policías, pero los uniformados le quitaron al reportero su celular.

Un mes después del incidente, Ovando denunció ante el Ministerio Público a tres policías de Monclova y a García Ramos por abuso de poder y por el robo de su equipo de trabajo.

El caso se fue oxidando pero, el 13 de diciembre pasado, Siller presentó su informe de gobierno. Ovando, quien dirige hoy el medio digitalelnorte.tv, llegó al recinto para escuchar lo que tenía que decir el alcalde. Pero a la entrada, policías municipales le impidieron el paso.

Primero le dijeron que requería invitación. Les dijo que era un evento público, que podía entrar incluso como un ciudadano más. Luego le dijeron la verdad: eran órdenes del alcalde. No lo quería ver porque lo ponía “inquieto”. Al final, dos minutos antes de que terminara el discurso en el Salón Cocoa de Frontera, a Ovando se le permitió el acceso.   El incidente fue reportado por el periodista Sergio Rodríguez, corresponsal del periódico El Siglo.   Por teléfono, Ovando cuenta cómo está hoy:   ¿Crees que tu vida corre peligro?   • Sí. Este señor (Siller) está loco. Puede hacer cualquier cosa en cualquier momento.   ¿Cómo enfrentas el riesgo?   • Vivo solo. Mi esposa y mis hijos no viven conmigo porque no quiero que les pase nada. La soledad es el precio. Y mandé poner ocho cámaras de circuito cerrado en mi casa que monitoreo desde adentro.   ¿Todos los reporteros están igual en Frontera?   • Muy pocos pueden publicar lo que realmente pasa, como Sergio Rodríguez. Hay otros, pero la mayoría no puede hacerlo. Casi todos los medios aquí viven de los convenios de publicidad con el gobierno municipal y los dueños no quieren perder ese dinero.   ¿Hay más reporteros en riesgo en Frontera?   • Sí, Apolonio Cruz. Él es muy crítico, es rudo, tiene un sitio en internet y un perfil en Facebook. A él lo anduvo cazando la policía. Un día lo agarraron y se les escapó. Se dio una persecución. Cuando llegó a su casa se bajó rápido y trató de meterse, pero lo alcanzaron antes. Lo golpearon, lo gasearon y se lo llevaron detenido. Lo tuvieron encerrado hasta el otro día en la noche.   ¿De qué lo acusaron?   • De nada… era una advertencia nomás.   Ovando, quien también fue funcionario público en el pasado, cree que la amenaza del jurídico de Frontera, avalada por Siller, iba dedicada para Apolonio y para él. Sabe que ambos están en riesgo, pero también sabe que a su edad (46 años), es difícil empezar de cero, reinventarse y hacer otra cosa para ganarse la vida.   “Esta es mi vida, he hecho periodismo durante 21 años, no quiero hacer otra cosa”, dice.

Consecuencias

El 5 de marzo, a través de un punto de acuerdo presentado por el diputado Marcelo Torres Cofiño, los legisladores panistas pidieron al pleno del Congreso de Coahuila la destitución del director jurídico de Frontera, Alain Obed Mendoza, por representar una amenaza contra la libertad de expresión y contra la integridad de los periodistas de ese municipio.

“La permanencia del director jurídico del municipio de Frontera es insostenible. La Asociación de Reporteros y Corresponsales de Coahuila y Durango ha condenado estas acciones y la Organización Internacional “Artículo 19”, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, no solo también ha condenado estos lamentables dichos, sino que ha documentado otras agresiones contra la libertad de expresión de periodistas locales por parte del alcalde Florencio Siller Linaje y sus funcionarios”, dijo Torres Cofiño.

En la misma sesión, la diputada Josefina Garza, priista como Siller, explicó a los legisladores que el Congreso del estado no podía dar órdenes al alcalde, porque ello implicaría una violación a la autonomía municipal.

En cambio, Garza sugirió modificar el punto de acuerdo para sugerir que el órgano de control interno del propio municipio investigue el caso y actúe en consecuencia.

La observación que hizo ante el pleno no implica que Garza apruebe en lo más mínimo lo que ocurrió en Frontera, aunque se trata de un gobierno de su partido.

“Es lamentable que haya estas actitudes”, dice Garza, en relación con el caso de Frontera. En su opinión, lo funcionarios públicos deben estar conscientes de que su posición los pone constantemente bajo el escrutinio de la sociedad y que eso es parte de su encargo.
Espera que Siller corrija, entre otras cosas, porque el año próximo hay elecciones en la entidad y el electorado de hoy tiene mejor memoria que el electorado del pasado.

Siller guardó silencio

El Border Center for Journalists and Bloggers solicitó una entrevista con Florencio Siller, por primera vez, el 27 febrero, un día después de la reunión en la que el director jurídico Alain Obed Mendoza lanzara la amenaza contra los ciudadanos que criticaran al alcalde y a su equipo.

La solicitud se hizo a María Antonieta Molano, encargada de prensa del ayuntamiento.

El mismo día, envió un audio con una “entrevista” del alcalde con reporteros locales, sugiriendo que la información contenida en ella podría usarse para este reporte.

También informó vía WhatsApp que Siller haría un viaje a la Ciudad de México el día jueves 28 y que trataría de hacer un enlace telefónico. De no ser posible, el alcalde podría responder una llamada el viernes 1 de marzo, ya de vuelta en Coahuila. El enlace no ocurrió.

El viernes, la encargada de presna informó que Siller había estado todo el día entregando obras y que no le había sido posible tomar la llamada.

El lunes 3 de marzo, Molano informó que compartiría el teléfono del secretario particular de Siller, Raúl Rizo, quien podría seguir gestionando la entrevista, aunque los únicos temas que podrían abordarse, si ésta ocurría, eran los de la obra pública.

El asunto de las amenazas, escribió Molano, “ya se aclaró”.

Pues, más o menos.