Monclova: predio vuelve a manos de su propietaria tras conflicto legal en la colonia El Pueblo
Juzgado federal ordena restituir a María del Carmen Gallegos la posesión de un predio ubicado sobre el bulevar Constitución, mientras continúa el conflicto legal
MONCLOVA, COAH.- Luego de meses de conflicto legal, el predio ubicado sobre el bulevar Constitución, a un costado del parque Las Américas, en la colonia El Pueblo de Monclova, finalmente volvió a manos de su propietaria, María del Carmen Gallegos Seguin, luego de que un juzgado ordenara hacer efectiva la suspensión definitiva y otorgarle nuevamente la posesión del inmueble.
La determinación se dio dentro del juicio de amparo 602/2026, promovido por la propietaria, después de que el inmueble fuera asegurado y se realizara una diligencia mediante la cual se entregó la posesión a otra parte que reclamaba derechos sobre el predio.
De acuerdo con la cédula de notificación emitida por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en Frontera, se recibió un oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila, en el que se establecieron los efectos de la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa.
La resolución establece que la suspensión no implica una decisión definitiva sobre la propiedad del inmueble ni resuelve todavía el fondo del conflicto; sin embargo, ordena que se levanten los sellos y se otorgue a la quejosa la posesión material del predio, permitiéndole disfrutar del inmueble mientras continúa el proceso judicial.
Por ello, se instruyó al personal correspondiente para acudir al lugar, retirar los sellos y realizar la entrega formal de la posesión a María del Carmen Gallegos Seguin, dejando constancia de la diligencia mediante el acta respectiva.
El predio cuenta con una superficie total de 2 mil 361.70 metros cuadrados, mientras que dentro de los antecedentes del procedimiento se señala una superficie de 968.75 metros cuadrados relacionada con el conflicto.
El problema se originó después de que se realizara un aseguramiento del inmueble y se colocaran sellos, además de que se entregara la posesión a Inmuebles Osma S.A. de C.V., empresa que, de acuerdo con lo señalado por la defensa de la propietaria, reclamaba derechos sobre el terreno.
La situación generó afectaciones para los trabajadores que laboraban en el negocio instalado en el inmueble, quienes quedaron impedidos para continuar con sus actividades tras el cierre.
La propietaria, al considerar que sus derechos estaban siendo afectados, recurrió a la justicia federal y promovió el juicio de amparo 602/2026, presentando la documentación con la que buscó acreditar la propiedad y posesión previa del inmueble.
Fue entonces cuando el Juzgado Cuarto de Distrito determinó los efectos de la suspensión definitiva y ordenó que se le devolviera la posesión material del predio, aunque aclarando que el inmueble permanece sujeto al procedimiento judicial y que la propietaria no puede disponer jurídicamente de él mientras se resuelve el fondo del asunto.
Tras concretarse la restitución, el representante legal de la propietaria, Hiradier Huerta, afirmó que desde el inicio del conflicto se había advertido que se estaba entregando un inmueble a una persona distinta de quien aparecía como propietaria en las escrituras.
Explicó que, ante esta situación, se promovió el amparo y que desde el 29 de julio existía una determinación federal para que se pusiera a la propietaria en posesión del inmueble.
Huerta cuestionó la actuación del juez Óscar Cadena y consideró que hubo resistencia para cumplir con la resolución federal.
“Se había denunciado desde el primer momento que existía una entrega de un bien material que no era de la persona, que era de otra diversa persona”, señaló.
El abogado aseguró que inicialmente se argumentó que no debía realizarse la restitución y que posteriormente, tras un segundo requerimiento, fueron retirados los sellos del inmueble.
También cuestionó que posteriormente se dejara una notificación en la puerta argumentando que se había acudido al lugar y que nadie había atendido.
“¿Pues cómo iba a salir alguien? Estaba clausurado”, expresó.
Huerta afirmó que permaneció desde las 9:00 de la mañana en el Juzgado Penal solicitando que le notificaran formalmente la resolución y acusó al juez de actuar con “notoria ineptitud” y de no dar cumplimiento oportuno a un mandato federal.
El representante legal también cuestionó el despliegue realizado cuando se aseguró inicialmente el inmueble, al señalar que participaron entre 10 y 15 unidades, mientras que para concretar la restitución la situación fue distinta.
Respecto a la empresa que reclamaba la posesión, reiteró que se trata de Inmuebles Osma S.A. de C.V. y sostuvo que las escrituras del inmueble estaban a nombre de otra persona.
“Las escrituras no están a nombre de ellos, están a nombre de otra persona”, afirmó.
Ante los cuestionamientos sobre una posible relación entre las actuaciones del juez y los particulares involucrados, Huerta señaló que no podía afirmar que existiera colusión porque no cuenta con pruebas para sostenerlo, aunque consideró que las actuaciones judiciales generan dudas.
“No podría asegurarlo porque no tengo las pruebas, pero sí da una mala impresión”, manifestó.
Finalmente, el abogado sostuvo que este no sería el único caso en el que se han presentado situaciones similares y señaló al juez Óscar Cadena y al despacho del abogado Jorge Garza como nombres que, según dijo, aparecen en otros conflictos relacionados con inmuebles.
Aclaró que estos señalamientos corresponden a su postura como representante legal y que será la autoridad judicial la que determine las responsabilidades y derechos que correspondan dentro de cada procedimiento.
Con la diligencia realizada, María del Carmen Gallegos Seguin recuperó la posesión material del inmueble, aunque el conflicto legal continúa abierto y será mediante el procedimiento correspondiente como se determine de manera definitiva la situación jurídica del predio.