Ofrece Saltillo descuento en recargos de predial e impuestos municipales
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El estímulo fiscal también aplicará al ISAI, recolección de basura, mercados, tránsito y diversos trámites municipales
El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad un estímulo fiscal que permitirá a las y los contribuyentes regularizar adeudos municipales durante julio mediante el pago de un peso por cada año de recargos en el impuesto predial y otros gravámenes.
La medida fue propuesta por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, durante la segunda sesión ordinaria de Cabildo del mes, celebrada este miércoles, y fue avalada a partir del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos.
El beneficio será aplicable a los recargos generados por el impuesto predial, así como al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, conocido como ISAI. También incluirá diversos conceptos relacionados con establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, recolección de basura, servicios por Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto Sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles, mercados y servicio de tránsito.
De igual forma, el programa contempla sanciones administrativas y fiscales vinculadas con la expedición de licencias o refrendos para la colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios, además de cobros derivados de la ocupación de la vía pública.
Con esta aprobación, el Gobierno Municipal exhortó a quienes mantengan pendientes en cualquiera de estos rubros a acercarse a las oficinas correspondientes para aprovechar la vigencia del estímulo y ponerse al corriente en sus obligaciones.
RATIFICAN TITULAR DEL IMPLAN
En la misma sesión, las y los integrantes del Cabildo ratificaron a Isabel Andrea Martínez Galván como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Planeación, Implan.
Asimismo, el regidor Eduardo Morelos Jiménez presentó una iniciativa para reformar el Reglamento para la Venta y Consumo de Alcohol en el Municipio de Saltillo.
La propuesta plantea incrementar las sanciones contra quienes elaboren, almacenen, distribuyan, comercialicen, vendan, expendan o suministren bebidas alcohólicas adulteradas, alteradas, contaminadas, falsificadas o modificadas que incumplan las disposiciones sanitarias y fiscales vigentes.
El planteamiento fue turnado a las comisiones unidas de Gobernación y Reglamentos, Alcoholes y Salud Pública, donde será analizado antes de que pueda someterse a votación del Cabildo.
