Organizaciones recuerdan retos y desafíos de derechos humanos a nuevo Gobernador de Coahuila

Previo a la toma de protesta del nuevo gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, colectivos en pro de los derechos humanos resaltaron los pendientes, los retos y los desafíos para los que esperan atención de las autoridades en los próximos seis años.

A través de un posicionamiento, organizaciones como Fuudec/Fudem, Colectivo Sí a la Vida, la Casa del Migrante de Saltillo, la organización Fray Juan de Larios, el colectivo Transporte Digno de Saltillo y la Organización de Familiares de Pasta de Conchos, así como periodistas y defensores hicieron un análisis detallado sobre temas que van desde la localización de personas desaparecidas, hasta las fallas en la industria del carbón de Coahuila.

Dentro del posicionamiento que fue dirigido al nuevo gobernador, a la Legislatura coahuilense, al Poder Judicial, a la Fiscalía, y a la población en general, recordaron que entre las promesas del último triunfo electoral, no hubo propuestas específicas para el rubro de derechos humanos.

“Le recordamos las promesas que hizo tras ganar la elección a la gubernatura de Coahuila, entre las que, por cierto, no mencionó ninguna política pública referente al tema de derechos humanos, sin embargo, aquí le recordamos los retos y desafíos en el tema para su pleno ejercicio”, indicaron las organizaciones.

A ese respecto, recordaron que está pendiente la búsqueda de tres mil 318 personas desaparecidas y no localizadas, y la justicia para las mismas.

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Aseveraron que entre los retos está la atención a la crisis forense, que debe atender la identificación de más de mil cuerpos no identificados, además de los miles de restos óseos humanos localizados en fosas clandestinas de la entidad.

En ese sentido y sobre el panorama de las migraciones, reiteraron que: “Los retenes de vigilancia que mantiene la Policía del Estado han demeritado su fin para convertirlos en espacios de robo a personas migrantes en el caso del de Monclova y de abuso sexual en el de Piedras Negras”.

Sobre el panorama de protección al medio ambiente, aseveraron que la sobreexplotación de los mantos acuíferos en las diversas regiones y proyectos como Ciudad Derramadero y “Vinos y Dinos”, que gentrifican al campo, han condenado a la muerte a los ejidos y ponen en riesgo a su población.

Respecto al tema de la minería, resaltaron que además de que no existe transición energética, todavía existen múltiples fallas que afectan a las familias de la comunidad de la Región Carbonífera, a pesar de los altos registros de muertes que hay por la actividad.

“En la región carbonífera, es evidente el fracaso de la industria fósil. Somos una zona de sacrificio de una industria que sigue usando el carbón. No importa un historial de más de tres mil fallecidos en las minas, del hambre y la pobreza extrema”.

“Nunca las autoridades han actuado de forma íntegra contra los responsables de las muertes, pero al menos esperamos que no formen parte del gabinete “funcionarios” que por decisión o por omisión cargan con la muerte de mineros y/o con el brutal daño que han hecho a poblados como Cloete, Agujita o Esperanzas”, indica el comunicado.

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Recordaron que todavía hace falta la atención a los temas de movilidad humana, en el que se le reconozca como un derecho humano.

“Hay diversos y múltiples retos para garantizar el derecho humano a la movilidad, provocando una epidemia que nos está condenando a padecer comunidades antisociales, insostenibles, desiguales”, expresaron.

Además, recordaron que en cuanto al ejercicio periodístico y la libertad de expresión “no deben condicionarse al aplauso incondicional hacia un gobierno; en los últimos años se ha criminalizado la labor de periodistas, defensoras y activistas de derechos humanos, irrespetando el derecho a la protesta, a la organización, a la movilización, a la transparencia y rendición de cuentas”.

Sobre la violencia de género en la entidad, recordaron que los datos de la ENDIREH 2021 estima que, “en el estado de Coahuila, 72.3 por ciento de las mujeres de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia: Psicológica, Física, Sexual, Económica o Patrimonial a lo largo de su vida y 45.9 por ciento en los últimos 12 meses”.

En ese sentido, las organizaciones urgieron a las autoridades una forma diferente de gobernar, donde sea primordial la participación de la ciudadanía.

“Para esto es necesario un amplio proceso participativo y de diálogo para la adopción de decisiones estratégicas necesarias para transformar todas las relaciones utilizando todo el potencial de los enfoques interdisciplinarios, multidisciplinarios, transdisciplinarios e intersectoriales”, concluyeron.