Padre señala a funcionarios del Poder Judicial de no ser imparciales con mujer presuntamente sustractora

El padre de una menor cuya separación se dio a raíz de una aparente determinación de la jueza familiar Cristina Aguirre en Saltillo, denuncia que las autoridades que rodean al caso han sido omisas y parciales para favorecer a su expareja con la bandera de la perspectiva de género.

El caso de Federico Guardiola, un padre con residencia en Monterrey, se dio a conocer a finales del mes de mayo, cuando la madre de la menor, quien tiene residencia en Saltillo, no la regresó después de una convivencia familiar de fin de semana.

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De acuerdo con el padre, esta determinación, de la cual no fue notificado formalmente, se dio luego de cuatro años en los que él mantuvo la tutela y custodia de la menor, de quien no pudo despedirse ni explicarle la situación.

A raíz de la falta de respuestas y que el tiempo ha transcurrido, Guardiola solicitó hablar con la dirección de la Defensoría Pública, con el fin de exponer que su caso no ha sido tomado en cuenta y que no hay un proyecto a seguir en su exigencia del retorno de la niña o de amplias convivencias; sin embargo, el hombre se enfrentó a reclamos tras haber hecho el caso público.

“Cuando fui, les comenté que si ya no me iban a apoyar, era perder el tiempo en una defensa de la que veía nada. Hasta ahora no sé cómo voy a solucionar una sustracción que ya lleva un mes. Me dijeron: ‘vimos que usted reportó al periódico y, pues, eso no se hace’. Y yo les expliqué que el abogado no me había dicho nada de lo que se iba a hacer y eso es hasta la fecha”, expresa Federico.

Para intentar ampliar su asesoría, el padre solicitó las copias de su expediente que, a lo largo de un tiempo, no le habían querido dar.

Aunque quedaron de buscarlo al día siguiente por parte de la Defensoría Pública, no fue hasta una semana después que le entregaron las copias del expediente con el que la jueza resolvió, donde finalmente encontró que existe una versión que parece haber sido expresada desde un punto parcial, a decir del padre.

“Lo que yo les expliqué, como que hicieron un resumen y omitieron lo de la abuelita, que yo había reportado que había situaciones sexuales que no me gustaban. La versión de ella, de la trabajadora social, se encarga de decir que yo era lo peor, que era violento, descalificándome, etc., y omitiendo las cosas que no le convienen a la otra parte”, dice.

Al respecto, el padre señala que desconoce el motivo por el cual todos los funcionarios del caso han desarrollado una cercanía con la madre, lo cual levanta su sospecha de que estarían decidiendo únicamente para dar razón a la mujer, o bien, que existe un posible acto de corrupción.

“El día de la última audiencia, la trabajadora social, la psicóloga, el abogado, se pusieron a platicar, como si ya hubiera un acuerdo, al igual que sucedió con la jueza. Al final me sorprende esta situación que han llevado de: te quitamos a la niña y nunca más la vas a volver a ver. ¿Cómo deciden algo así?”, dice.

Por otro lado, el padre pidió ayuda al DIF para que se realizara una visita al domicilio donde ahora vive la menor de edad, misma que no se ha llevado a cabo, por lo que el hombre ha entrado en la desesperanza al no saber sobre la integridad de la menor y al haber cortado la comunicación absoluta con la misma.

“Si así es la justicia en esas instituciones, ¿qué se puede esperar la gente? Tantas instituciones y todas minimizando el hecho, no sé si porque es mujer la defienden más, si hay dinero de por medio, ya no sé lo que está pasando”, expresa.