Atrincheramiento en SIMAS Piedras Negras concluye con el desalojo forzado de Lorenzo Menera
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Tras permanecer 38 horas en las oficinas, el exgerente fue desalojado por la Policía Municipal, poniendo fin a un conflicto que paralizó parcialmente al organismo
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras un prolongado encierro de 38 horas dentro de las oficinas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera Sierra fue finalmente retirado del edificio mediante un operativo de la Policía Municipal.
La intervención puso fin a la resistencia del exgerente, quien se negaba a reconocer su separación del cargo y mantenía un atrincheramiento que paralizó parcialmente la operatividad del organismo.
DE LA ‘VOLUNTAD PROPIA’ AL DESALOJO FORZADO
Aunque Menera había asegurado que abandonaría las instalaciones por decisión propia para no afectar el servicio, su salida nunca ocurrió. La negativa persistente obligó a las autoridades a ejecutar el desalojo.
Entre empujones y gritos, oficiales escoltaron al exfuncionario desde su despacho hasta la salida principal, cumpliendo con las disposiciones administrativas que le impiden continuar en funciones.
DOCUMENTO EN MANO
En medio del operativo, Menera mostró ante medios de comunicación un documento oficial. Lejos de respaldar su permanencia, el escrito resultó ser la notificación de suspensión, la cual él mismo leyó y exhibió públicamente.
CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO
EL INICIO: Menera se atrinchera en las oficinas centrales de SIMAS, alegando que su destitución era ilegal.
LAS 38 HORAS: Durante casi dos días permaneció en el edificio, generando parálisis administrativa y un fuerte despliegue policial en el perímetro.
EL DESENLACE: Ante la falta de una salida voluntaria, la Policía Municipal ejecutó el desalojo forzado la tarde de este jueves.
SITUACIÓN ACTUAL
Tras la salida de Menera, el edificio quedó bajo resguardo del contralor municipal, Adrián García Loza, encargado de garantizar la reanudación normal de las actividades bajo el nuevo mando administrativo.
La exhibición del documento de suspensión por parte del propio afectado simplifica el panorama legal para el Ayuntamiento, al quedar acreditada la notificación oficial de su cese.
