Pronnif afirma tener elementos para resguardar a hermanos de Silvia, víctima de feminicidio en Saltillo
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La Procuraduría tiene tres meses prorrogables por otros tres para definir acciones jurídicas, que pueden incluir la entrega a hogares o familias de acogida, o la pérdida de patria potestad
Tras el feminicidio de Silvia, de 13 años, en el ejido Tinajuela de Saltillo, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) mantiene bajo resguardo a sus tres hermanos, dos gemelas de 12 años y un niño de 10.
Hasta ahora los menores no han tenido contacto con su familia, situación que, según la titular de la dependencia, María Teresa Araiza, responde a la necesidad de garantizar su seguridad y bienestar.
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La procuradora señaló que la institución cuenta con los elementos suficientes para mantener esta medida, pues considera que la familia no tiene las condiciones necesarias para asegurar el sano desarrollo de los menores.
“De lo que tengo que asegurarme es que existan las condiciones que garanticen su sano desarrollo. Tenemos que construir con ellos herramientas que les permitan ejercer la paternidad y la maternidad evitando la serie de peligros que encontramos ahí”, explicó.
“Tengo elementos de la procuraduría que me apoyan jurídica, psicológica y éticamente este resguardo”, agregó, afirmando que la decisión se toma con sustento institucional.
La procuradora recordó que la normativa establece un periodo inicial de tres meses, prorrogable por otros tres, para definir la ruta jurídica. Expuso que las acciones pueden ir desde la entrega de los menores a hogares o familias de acogida, incluso dentro de su propio entorno, hasta el ejercicio de la pérdida de patria potestad.
Indicó que, como en todos los casos, se contempla la escucha activa de los niños y adolescentes. Las visitas con sus padres se programarán una vez por semana, dentro de un proceso de acompañamiento. Sin embargo, reiteró que actualmente no existen las condiciones en el entorno familiar que permitan garantizar su seguridad.
Aseguró que el resguardo permanecerá “el tiempo que sea necesario” para que el Estado tenga la certeza de que no existe riesgo para los menores.
