Reclaman a Profepa continua operación de Basurero Tóxico de General Cepeda

El representante legal del Colectivo Sí a la Vida, Jesús González Schmal, envió un reclamo a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente al permitir que el confinamiento de residuos tóxicos de General Cepeda siga operando pese a que la autoridad reconoció que debía suspender sus actividades.

El reclamo que fue recibido con un sello por parte de la Procuraduría, destacó que, el pasado 5 de septiembre del 2022, la Profepa había reconocido que el confinamiento de la empresa SEMNSA no estaba cumpliendo con sus obligaciones asentadas en el manifiesto de impacto ambiental, por lo que debía proceder una clausura temporal.

En ese, el representante del colectivo recordó en su reclamo que esta determinación de la Profepa resultó lógicamente tomando en cuenta, que ya en una sentencia ejecutoria del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se había reconocido que la operación del mismo confinamiento estaba bajo la “clandestinidad”.

En la información también destacó que, el pasado 15 de diciembre, la Profepa les había dicho en una reunión que la clausura del “basurero tóxico”, era de carácter provisional, pero dicha “provisión”, no era para que siguiera operando de manera regular, sino para que desactivaran los focos de contaminación por los que han sido demandados.

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“Dijeron que para el mes de enero (del 2023), concluiría con dicha permisibilidad con una clausura definitiva más tardar el día 31”, expresó.

La carta que fue enviada a la autoridad indica que el confinamiento no solo ha seguido operando, sino que además los transportes de remolque de góndolas abiertas han chorreado líquidos tóxicos en todo su trayecto hasta llegar al confinamiento de la empresa propiedad de Daniel Calvert.

“Circulan diversos desde sitios de la República hasta la carretera federal Saltillo-Torreón, esparciendo olores fétidos y asfixiantes, así como chorreando líquidos tóxicos todo su trayecto”, explica el reclamo durante el cual adjuntaron fotografías de prueba, donde se observa el ingreso de los transportes.

Como petición, la carta recibida por la Profepa tiene la solicitud de que la autoridad proceda a la clausura de las instalaciones del confinamiento, además de que exige una reparación integral del daño al medio ambiente por parte de la empresa, a la par de que la misma Procuraduría presenta una denuncia por el daño ante la Fiscalía General de la República para que se identifique si los hechos configuran en un delito.