Registran ‘boom’ de abusos en escuelas de Coahuila en últimos años
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La comisión de delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes al interior de centros educativos de Coahuila registra un incremento en los últimos diez años, siendo 2022 el más letal para esta población. Los casos reportados por autoridades ministeriales y educativas no coinciden.
La reciente publicación del reportaje “Secreto escolar”, de la autoría de Alejandra Crail y Daniela Guazo, periodistas de El Universal, refiere que entre 2012 y 2023, la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU), ha documentado 54 casos de delitos sexuales cometidos contra alumnos de educación básica. De acuerdo con la información proporcionada por la SEDU, el personal de las escuelas es señalado como los principales agresores de las víctimas.
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De estos 54 casos, solo una decena ha llegado a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) a manera de queja presentada por los familiares de las personas víctimas, sin que hasta la fecha, esta comisión haya emitido una sola recomendación a las autoridades educativas o ministeriales.
Para ese reportaje, la Fiscalía General de Coahuila (FGE) no proporcionó la información solicitada por el medio informativo. VANGUARDIA obtuvo datos oficiales que confirman la tendencia señalada en la investigación nacional.
En respuesta a una solicitud de información, la Fiscalía General de Coahuila reveló que de 2015 a 2022 registró 90 casos de abuso sexual, violación, hostigamiento sexual y acoso sexual, probablemente cometidos en contra de personas menores de 18 años de edad, al interior de un centro educativo.
Unas 31 agresiones, habrían ocurrido en 2022, teniendo como el sitio donde se desarrolló el acto, escuelas de los municipios de Saltillo y Torreón en las regiones Sureste y Laguna, respectivamente. Estas dos localidades encabezan también la repetición de hechos en la última década.
El rango principal de edad de las niñas, niños y adolescentes víctimas de este delito oscila entre los 4 y los 13 años, es decir, mientras cursan el prescolar, la primaria y la secundaria. Los actos de depredación en escuelas del estado cesaron en el 2021, cuando por la emergencia sanitaria de COVID 19 no había clases presenciales. Durante los primeros meses de 2020, previo a la cuarentena impuesta por la pandemia, la FGE ya había registrado ocho casos.
En lo que va del 2023, la Fiscalía General de Coahuila ha abierto 18 carpetas de investigación por delitos sexuales probablemente cometidos en contra de personas menores de 15 años de edad y cuatro más, por abuso sexual probablemente cometido en contra de personas mayores de 15 años, sin especificar si este último dato hay víctimas de entre 16 y 17 años de edad.
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En el texto “Nuestros protocolos no existen, La historia de una política fallida” del reportaje de El Universal, refieren que el gobierno mexicano carece de una política efectiva de prevención y actuación ante la violencia sexual dentro de las aulas, y que el intento por homologar a nivel nacional los protocolos de atención para combatir esta problemática fracasó.
En este sentido, el estado de Coahuila aparece dentro de la entidades que reprobaron con calificación muy baja, por no cumplir con los estándares de atención recomendados, cuando ocurre un caso de violencia sexual en escuelas.
La calificación obtenida por la entidad fue de 3.2, pues el protocolo de actuación de las autoridades estatales no define los delitos sexuales acordes al Código Penal Estatal, sino conforme al marco normativo: acoso sexual, abuso sexual, violación equiparada y hostigamiento sexual. Carece de mecanismos de queja, difusión del protocolo de actuación de directivos y autoridades escolares; tampoco cuenta con medidas de protección inmediatas.
Las personas víctimas de estos delitos en el estado no tienen un seguimiento eficaz de los métodos de denuncia, prohíbe obstaculizar investigación y atención. Las autoridades estatales no realizan una investigación administrativa para determinar la continuidad de la persona señalada dentro del servicio educativo, y las autoridades administrativas no están obligadas a actuar de oficio.
Las pautas de atención, escucha y credibilidad para las personas víctimas no existen y se carecen de medidas que evite la revictimización por parte de las autoridades escolares y ministeriales. No se cuenta con un registro textual de las palabras de las niñas, niños y adolescentes víctimas, y el expediente de queja no solo no se custodia, si no que se separa del expediente académico.
No se brinda información accesible y adecuada a las personas víctimas. Las autoridades no nombran, ni toman en cuentan los principios de atención rápida, eficaz y no precipitada, las investigaciones carecen de apoyo con perspectiva de género, no establece tiempos razonables de investigación, no nombra el principio de protección reforzada, y no considera el principio de debida diligencia.
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En diciembre pasado, el proyecto Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe aseguró que las 31 carpetas de investigación abiertas en Coahuila, al cierre del 2022, por abuso o agresión sexual en contra de menores revelaba un “patrón de impunidad” generado por la propia autoridad educativa que promovía las formas de actuar de los agresores.
Juan Martín Pérez García, director del proyecto, detalló a VANGUARDIA que el Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Seguimiento de Riesgos en Escuelas, de la Secretaría de Educación era incorrecto, ilegal y depositaba en los directivos de los planteles, públicos o privados, el proceso de la denuncia, lo que terminaba en la revictimización de los niños y niñas víctimas, y protegía a personas adultas con jerarquía frente a niños, responsabilizando a las víctimas.
