Protocolos que se crearon desde 2016 para combatir abuso sexual en escuelas son un fracaso
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Han pasado siete años desde ese llamado y la política pública instaurada en México para evitar los abusos ha fallado
A finales de 2016, el gobierno mexicano llamó a los 32 estados del país a crear protocolos de prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual en escuelas públicas y privadas de educación básica.
La herramienta sería la base para frenar la violencia sexual, incluida aquella cometida por personal de los planteles en contra de sus estudiantes. Han pasado siete años desde ese llamado y la política pública instaurada en México para evitar los abusos ha fallado.
Como parte de esta investigación se corroboró que los protocolos se crearon con errores de origen: son documentos no vinculantes, guías que marcan la pauta, pero que no establecen ninguna sanción para quien las incumple.
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La Clínica para la Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Universidad Iberoamericana, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI) y EL UNIVERSAL contrastaron los 32 protocolos estatales con los estándares que se han desarrollado a nivel mundial sobre cómo deben actuar las autoridades escolares ante este tipo de casos y encontraron varias debilidades.
En 21 de los 32 estados, los protocolos no definen plenamente las agresiones sexuales acorde a su código penal y en 13 no establecen con claridad que las autoridades educativas tienen la obligación de denunciar ante la justicia, como lo indica la Ley General de Educación.
Sólo Tabasco y Zacatecas especifican investigaciones administrativas realizadas por personal especializado en la materia, las cuales están pensadas para evitar que los agresores sean cambiados de escuela y repliquen las violencias.
Un ejemplo de esta falla ocurrió en Querétaro, donde un profesor de primaria tuvo quejas en varios colegios; la de 2017 revela que besaba a las niñas en la boca, las llevaba a su carro y las ponía de cabeza para mirar su vulva.
El análisis realizado para esta investigación muestra que en una escala del 0 al 10, la mayoría de los estados (23) están reprobados: no cumplen con lo mínimo recomendado para atender esta problemática. Los estados con las calificaciones más bajas en sus protocolos son Durango, Coahuila, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán y Morelos, que no superan el cuatro de calificación.
El estado mejor puntado es Yucatán: obtuvo 7.8. “Tu hijo está siendo abusado”. Una decena de abusos y violaciones sexuales cometidos en contra de niños y niñas del Jardín de Niños Montessori Matatena, un colegio privado en la Ciudad de México, puso en jaque al gobierno mexicano: evidenció la falta de lineamientos homologados que dieran atención y seguimiento a los delitos sexuales cometidos por el personal de los colegios.
Apenas unos meses antes, el gobierno de Enrique Peña Nieto había convocado a especialistas de distintas áreas para buscar soluciones a la violencia en el país. Encontraron que para combatirla en las escuelas era necesario crear protocolos de actuación, identificar a los colegios con mayores problemas y generar indicadores y estadísticas. Pero todo quedó en sugerencia.
Por eso, cuando los padres del colegio Matatena acudieron a los medios de comunicación a evidenciar que las autoridades educativas habían desoído sus pedidos de ayuda para atender las violencias contra sus hijos, al gobierno no le quedó más que pedir perdón. Aurelio Nuño, entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), admitió que el sistema no funcionaba. Fueron omisos, según reconoció la dependencia, en mayo de 2016 a través de un boletín de prensa.
La cadena de omisiones era evidente. La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), órgano que depende de la SEP, no atendió la preocupación de un padre, en relación con la presencia cotidiana del esposo de la directora.
La denuncia estaba fundada. Un niño de tres años le dijo a su cuidadora: “Te voy a dar medicina” y, al tiempo, intentó poner su pene en la boca de la mujer. Ante esto, la madre llevó al niño con una sicóloga infantil. “Tu hijo está siendo abusado”, le confirmó. El agresor, detalló el pequeño, era el esposo de la directora, Rafael “N”.
Ante las acusaciones, la directora y dueña del colegio negó todo, pidió no denunciar, recuerda la madre. No emitió el reporte interno sobre los señalamientos, tampoco notificó a las autoridades educativas ni denunció el presunto delito. La madre avisó a otras familias y terminó por destapar más abusos sexuales cometidos por Rafael “N” en contra de los preescolares.
Luis Ignacio Sánchez, quien era titular de la AEFCM, reconoció: “Nuestros protocolos de prevención, como tal, no existen, no funcionan y hay que hacer algo”.
En medio de la presión mediática, el gobierno fortaleció el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) con el objetivo de brindar asistencia a los estados para la prevención, detección y atención a las violencias, incluida la sexual.
En ese marco, la SEP impulsó a cada estado a crear, según sus necesidades, los protocolos para casos de violencia sexual en escuelas. En 2016, la SEP gastó 73.5 millones de pesos en el PNCE, según el ejercicio capturado en la cuenta pública.
El monto subió paulatinamente y llegó a superar el gasto anual de 200 millones de pesos. Parte del presupuesto asignado al programa se destinó al desarrollo de estas guías, aunque la información pública no permite establecer cuánto costó su creación en cada estado. A la SEP le tomó tres años lograr que las 32 entidades tuvieran protocolos para dar atención a la violencia sexual en las aulas.
Pero el PNCE dejó de existir en 2021, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador; a partir de entonces, la SEP dejó de mencionar la atención al abuso sexual infantil como una de sus líneas de acción.
Un problema adicional es la falta de supervisión de las escuelas privadas. En México hay 229 mil 691 escuelas de educación básica; 87% son públicas y el resto son particulares. En teoría, ambas opciones educativas son vigiladas por la SEP y las secretarías de cada estado.
Sin embargo, hay dependencias que no reconocen su responsabilidad ante las particulares. Por ejemplo, Querétaro, Zacatecas y Colima respondieron vía transparencia que sólo dan seguimiento a lo que ocurre en las escuelas públicas.
La educación particular, a ojos de quienes proveen el servicio y de las mismas autoridades educativas, “constituyen negocios privados”, explica Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
Esta idea ha blindado a los propietarios de escuelas particulares para evitar asumir su responsabilidad en las agresiones sexuales.
Aunque fue una escuela privada la que movilizó al gobierno federal a atender la violencia sexual cometida por personal de instituciones en contra de sus estudiantes, 19% de los protocolos estatales no especifica que su cumplimiento es obligatorio para éstas.
“[En el caso de escuelas privadas] nos vamos a enfrentar a las relaciones, el poder económico y a veces al poder político que tienen estas instituciones”, dice Víctor Carrillo Estrada, quien litigó inicialmente a favor de las víctimas de Matatena.
Después del caso de Matatena surgieron otras denuncias contra particulares. En 2017, en el Colegio Williams, uno de los más renombrados de la CDMX, un docente abusó sexualmente de una niña de tres años.
El colegio aseguró, mediante un cuestionario por escrito, que desde que tuvieron conocimiento su postura fue “informar a la autoridad superior y realizar una investigación interna para llegar al fondo de las cosas activando los protocolos correspondientes”.
Sin embargo, la madre de la niña recuerda que las palabras del dueño de la escuela fueron: “Yo voy a decir que en mi escuela no ocurrió y voy a llevar las pruebas para comprobarlo”.
Dos años después del abuso, el Colegio Williams demandó a la madre por daño moral; el área legal de la escuela aseguró que estas acciones fueron encaminadas a “proteger a las y los menores que toman clase en la institución y que eventualmente se vieron afectados por las acciones de las partes involucradas”. El agresor fue sentenciado a nueve años de prisión.
Ese año, en la alcaldía Coyoacán, se detuvo a un docente del Colegio Carmel porque se comprobó que abusó sexualmente de un alumno. La autoridad educativa determinó únicamente medidas de prevención para el colegio.
Según informó para esta investigación, a través de un posicionamiento por escrito, que “extremó desde hace más de cinco años los protocolos de seguridad y prevención de riesgos hacia los alumnos; entre otras cosas, con una red de cámaras que monitorean la totalidad de accesos y corredores de nuestras instalaciones”.
No obstante, en 2023 se hizo público que otro docente de este colegio presuntamente abusó y violó sexualmente a más de 15 estudiantes de jardín de niños. El juicio sigue abierto.
En el caso Matatena, más de 100 familias fueron afectadas de manera indirecta; había 20 casos confirmados, pero sólo siete llegaron ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. A las debilidades en el sistema educativo se suman las fallas en los procesos de justicia en el país.
El agresor del caso Matatena fue encontrado culpable por el delito de abuso sexual cometido sólo contra tres de los niños. La pena fue de cinco años y cinco meses. Fue puesto en libertad en febrero de 2022, según confirmó su abogado.
”El sistema está hecho para que ellos estén libres. Las autoridades no velan por los intereses de los niños. Es claro que nos fallaron”, lamenta la madre de un sobreviviente.
