Incrementan pensiones de viudas de Pasta de Conchos a un salario mínimo
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Con 11 restos recuperados y dos nuevas identificaciones, continúa la búsqueda de los cuerpos de los mineros
El gobierno federal anunció una mejora en las pensiones de las viudas de los mineros fallecidos en la tragedia de Pasta de Conchos, ocurrida en 2006 en Coahuila. Las nuevas disposiciones garantizarán que las afectadas perciban un ingreso mensual equivalente al salario mínimo, una respuesta a las demandas históricas de las familias afectadas.
Actualmente, las viudas reciben un pago de aproximadamente 3,100 pesos mensuales, calculado con base en los ingresos más bajos de los trabajadores. Este monto, considerado insuficiente por las familias, fue asignado como si los fallecimientos hubieran sido resultado de enfermedad general y no de un accidente laboral, lo que ha generado indignación entre las afectadas.
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En el marco de este anuncio, las autoridades también informaron la identificación de los restos de dos mineros más, que corresponden a Guillermo Iglesias Ramos y José Alfredo Ordóñez Martínez. Estos hallazgos elevan a 11 el número de cuerpos recuperados hasta la fecha, de los cuales tres han sido plenamente identificados.
Desde la tragedia ocurrida en la mina operada por Grupo México, las familias han enfrentado múltiples carencias económicas. Inicialmente, las viudas recibieron pensiones de apenas 1,900 pesos, además de un apoyo mensual de 600 pesos para los hijos de los trabajadores fallecidos. Estos recursos resultaron insuficientes para cubrir las necesidades básicas, obligando a muchas familias a vivir en condiciones precarias.
La directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, aseguró que las labores para recuperar los cuerpos restantes continúan. Asimismo, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Medicina Genómica trabajan en el análisis de nuevos indicios biológicos encontrados en el lugar.
El aumento en las pensiones y los avances en la recuperación de los cuerpos representan un paso importante para dar respuesta a las exigencias de justicia de las familias de los mineros, quienes han esperado casi dos décadas por un reconocimiento pleno de sus derechos.
(Con información de La Jornada)
