Saltillo: Piden víctimas de fraudes inmobiliarios ir contra cómplices de Lizeth N
La vinculación a proceso de Lizeth “N” por un presunto despojo de una vivienda en Residencial San Alberto, provocó que más de 40 personas que denunciaron por fraude a la misma persona, pidan que también se proceda contra sus cómplices, quienes ayudaron a tejer una red de estafa inmobiliaria que suma más de 100 millones de pesos en denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las personas que se dicen estafadas por Lizeth “N” a través de un esquema de venta de viviendas baratas, supuestamente en remate y recuperadas, piden que tanto ella como los vendedores y asesores de jurídicos, así como los notarios públicos que avalaron los contratos de compra-venta, sean llamados a cuentas y también vinculados a proceso.
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Entre los vendedores figuran Elia, Erika, Francisco, Dolores, Vanessa y el asesor jurídico Genaro, de quien dicen era el encargado de decir que la documentación estaba en orden en la transacción.
También reconocen algunas de las 40 personas que tienen denuncia en contra de Lizeth “N” que no solamente entregaron dinero en efectivo o vía transacción electrónica a ella, sino a su equipo de vendedores.
Además señalan a los notarios públicos Fernando José y Saúl, de quienes se pida que la Dirección General de Notarías proceda conforme a las denuncias interpuestas en su contra por la omisión en su desempeñó, así como a la FGE para que los llame a cuentas y expliquen algunas irregularidades de los contratos.
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Entre las familias estafadas se encuentran en ciudades como Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón, Monterrey y Ciudad Acuña, hasta ahora identificadas, pero vendieron supuestas viviendas recuperadas en estas mismas ciudades, así como en otros municipios de la entidad, e incluso departamentos en playa.
Las casas que vendían los señalados variaban entre los 250 mil al millón de pesos, sin embargo, hubo personas que llegaron a pagar sumas de más de un millón de pesos porque compraron paquetes de viviendas supuestamente en remate porque habían sido recuperadas.
Sin embargo, las casas estaban en realidad deshabitadas, pero tenían un legítimo propietario, que al momento de darse cuenta del despojo recurría a la autoridad para promover los desalojos; de esta manera los compradores se quedaban sin vivienda, con deudas por pago de servicios jurídicos y también sin el dinero que habían pagado por la propiedad.
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La queja más constante es que han existido cambios muy seguidos en los ministerios públicos asignados, no hay un seguimiento correcto, además en el Poder Judicial también hay atrasos y hasta ahora ninguna de las personas que se dicen estafadas ha recuperado su dinero.
