Abogados bloquean la Francisco Coss en Saltillo; piden frenar traslado de juzgados
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Litigantes denuncian que el modelo de Archivo Único provoca extravío de expedientes y que el sistema de citas impone retrasos de hasta seis meses en las promociones
Un grupo de abogados litigantes y barras de abogados del Distrito Judicial de Saltillo acudió la tarde de este miércoles al Palacio de Justicia con pancartas y cerró la avenida Francisco Coss para mostrar su inconformidad por el reacomodo en materia judicial.
Además del bloqueo vial, los manifestantes presentaron una solicitud formal ante el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso del Estado para exigir la suspensión definitiva del traslado de los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar hacia el nuevo complejo denominado Ciudad Judicial, ubicado en la carretera a Matehuala.
Representados por Apolinar Rodríguez Rocha, los promoventes denuncian que las instalaciones proyectadas y su modelo operativo constituyen un obstáculo a la justicia, una desintegración procesal y un riesgo directo para los usuarios y trabajadores del sistema.
SEÑALAN EXTRAVÍO DE EXPEDIENTES
En el escrito ingresado, los litigantes exponen que la implementación del modelo de Archivo Único desvincula a los jueces de la custodia directa de los expedientes. Esta situación ha provocado el extravío crónico de archivos físicos por períodos que van de 15 días hasta dos meses, dejando al personal incapaz de localizar los documentos.
Asimismo, señalan que el sistema de citas virtuales opera como un filtro obstructivo que impone dilaciones artificiales. A esto se suma, aseguran, que la Dirección de Informática actúa como una aduana administrativa, donde las promociones sufren parálisis de entre tres y seis meses antes de ser turnadas al juez correspondiente.
Los inconformes afirman que las demoras procesales no son un mero problema administrativo, sino que generan severas consecuencias económicas. El letargo en las causas civiles, mercantiles y laborales provoca que los intereses moratorios continúen corriendo de forma desmedida, derivando en desahucios, cobros usureros, quiebras y pérdidas del patrimonio familiar.
