Constructoras de NL buscan materiales en Saltillo ante conflicto por pedreras

El conflicto entre el Gobierno de Nuevo León y varias empresas dedicadas a la extracción de materiales pétreos ha comenzado a reflejarse en la región norte del país.

A raíz de inspecciones y suspensiones aplicadas a pedreras en municipios como Santa Catarina, Santiago y Ciénega de Flores, la producción de piedra y cal se redujo temporalmente, afectando el suministro dentro del estado.

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De manera extraoficial, se ha informado que constructoras neoleonesas han empezado a adquirir materiales en Coahuila, principalmente en Saltillo, para compensar la falta de abasto registrada en su entidad. Esta tendencia estaría generando presión sobre los proveedores locales y un posible incremento en los costos de transporte y logística.

Aunque en Saltillo el suministro de materiales continúa estable, fuentes consultadas reconocen que la situación podría volverse vulnerable si las restricciones en Nuevo León se mantienen por más tiempo o si aumenta la demanda externa.

Según medios neoleoneses, el gobernador Samuel García ha intensificado el cierre de pedreras bajo el argumento de que algunas operaban con irregularidades ambientales. En sus declaraciones, ha señalado que el objetivo es reducir la contaminación y avanzar en programas de reforestación, como la plantación de un millón de árboles en distintas zonas del estado.

En ese mismo contexto, varios medios reportaron que trabajadores de pedreras clausuradas realizaron bloqueos en la Carretera Nacional para protestar por las medidas, mientras el gobierno estatal insistió en que los cierres continuarán.

De acuerdo con publicaciones locales, las restricciones han complicado el abasto de agregados y provocado que constructoras de Monterrey busquen alternativas fuera del estado. En una de esas publicaciones, un contratista explicó que el costo semanal de la arena pasó de 4 mil 500 pesos a más de 14 mil, al tener que traerla desde Saltillo.

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Por ahora, no se reporta un desabasto generalizado. Sin embargo, fuentes del sector advierten que la combinación de cierres, fiscalizaciones y una mayor demanda interestatal podría derivar en aumentos progresivos de precios y en retrasos de obras, si el conflicto se extiende a más zonas de extracción.

En este escenario, se ha recomendado a constructoras, distribuidores y dependencias públicas anticipar pedidos y mantener inventarios preventivos, con el fin de mitigar posibles afectaciones en la cadena de suministro.