¿Culpable o no? millennials, de la selfie a la justicia

Por: Quetzali García
Fotos: Orlando Sifuentes y Staff Vanguardia
Edición: Nazul Aramayo
Diseño en impreso: Édgar de la Garza

Su historia la leyeron todos, aunque nadie reparó en ella más allá de lo que contaron los medios. Estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con la persona equivocada. Se le acusa de cometer homicidio. Pero después del morbo mediático, el caso de la “Señora A” se traspapeló en actas judiciales y peritajes. Su presunción de inocencia pasó tan desapercibida como la tortura que sufrió para firmar papeles acusatorios. ¿Quién puede razonar mientras se tiene una bolsa en la cabeza, asfixiándole?

El nuevo sistema de justicia penal adversarial entró en vigor en junio de 2016 y, según el Informe 2017/2018 de Amnistía Internacional, “sigue reproduciendo los problemas del antiguo sistema inquisitivo, entre ellos la violación de la presunción de inocencia y el uso de pruebas obtenidas con métodos contrarios a los derechos humanos y otras pruebas ilícitas”. No todo está perdido, se han presentado al Congreso proyectos de ley que, de aprobarse, debilitarían las garantías de juicio justo y ampliarían el ámbito de aplicación de la prisión preventiva obligatoria, sin una evaluación judicial caso por caso.

Mientras llegan las reformas, la “Señora A” se marchita en la cárcel. Después de la “calentadita” (tortura) que le provocó estrés postraumático y una hemorragia, no tuvo acceso a su expediente y apenas conocía a su defensor de oficio. Su proceso –que en condiciones normales dura máximo ocho meses– se ha extendido dos años, en los cuáles nadie había reparado en escuchar su versión de los hechos, mucho menos a plantear juzgarlo con perspectiva de género.

Y entonces llegaron a dar una plática al penal estos jóvenes de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), que seguro no se llamó “Millennials que salvan el mundo”, pero pudo. Hablaban sobre su proyecto “Inocente” que consiste en una clínica jurídica gratuita. Este grupo de estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC busca la liberación de personas que se encuentran injustamente en situaciones de prisión preventiva y fomentar legislación y reformas de leyes que disminuyan el número de condenas erradas y violaciones al principio de presunción de inocencia.

El objetivo de este grupo es “crear una transformación en las leyes mexicanas, que permitan un mejor trato a las personas durante su juicio a través de la revisión de casos de la vida real y de su litigación en los tribunales, impidiendo que se sigan utilizando investigaciones viciadas para condenar inocentes”.

En otras palabras, una segunda oportunidad para la “Señora A” y, a través de su ejemplo y otros casos, sentar precedente para poner en la mesa las reformas que tanto han exigido a México organizaciones humanitarias como la ONU, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y Amnistía Internacional (AI).

Estos jóvenes parecen sacados de una serie de televisión gringa. De esas de las que pasa Trump, después de ver Fox News por horas, cenar su Big Mac con malteada y decir cosas como “la tortura funciona” en entrevistas a noticieros. De esas que hacen que cualquiera organice maratones y tiemble en set de  juzgados. Por ejemplo: “Suits”, amén de la famosísima Meghan Markle, “Scandal” y “How to get away with murder”.

Estos estudiantes tienen una pasión desbocada por cada caso, conocen los pormenores de memoria y hacen frente a las adversidades de la burocracia con los exámenes y la grilla típica de su facultad. Pero antes que todo, están las ganas de generar un cambio real. Aunque el caso de la “Señora A” sigue en litigio, ella recuperó la esperanza gracias a su encuentro fortuito. Ahora están con ella las personas indicadas, en el lugar indicado, por la causa indicada.

INOCENTE

El proyecto “Inocente” entrevista a internos de los penales varoniles y femeniles para la seleccionar los casos de personas que son candidatos para la asesoría, así como apoyo en la defensa de las causas penales seguidas en su contra, a través de la investigación profesional y la litigación estratégica.

No conozco a la “Señora A” más que por lo que se ha escrito de ella. Sus declaraciones me hacen querer preguntarle cosas. Pero por el momento legal y para evitar una revictimización, los abogados y especialistas descartan una entrevista. No insisto.

“Señora A” sufre estrés postraumático, es difícil que cierre los ojos sin volver al peor día de su vida. Cuando la sometieron para conseguir una declaración, vomitó porque su cuerpo no podía más. Es un acto reflejo porque elementos de la Policía de una ciudad lagunera le pusieron una bolsa en la cabeza hasta que se le acababa el oxígeno. Asfixia con método seco, le llaman a esta forma de tortura que por tercera vez aplican para conseguir su confesión. “A ver si ahora sí con la bolsa hablas, a ver si aguantas. Pónsela a la cabrona para que…”, dicen los oficiales.

Amnistía Internacional tiene el video “Hooded” (https://vimeo.com/44532519), en el que se vive en multimedia la tortura en primera persona. “Nada justifica esto. Nada hace que sea correcto”, reza al final el estremecedor cortometraje. El director suizo Camille Herren describe lo que vivió la “Señora A”. Y a pesar de los efectos y las luces, resulta estremecedora la grabación que coincida con lo que han vivido las personas despojadas de todos sus derechos humanos.

LA BOLSA

Un objeto antes inofensivo casi mató a la “Señora A”. Lo que es la vida: un día antes de que este caos se le viniera encima y se encontrara tras las rejas, pensó que una bolsa podía cambiarlo todo. En ella echó sus pocas pertenencias, ropa y las vitaminas que le dieron porque todavía le daba pecho a su bebé, “ahora sí iba a dejarlo”.

Iba a dejar al hombre que se quería casar con ella “aunque ya tuviera hijos”. Claro, en su pedida de matrimonio omitió que después le prohibiría verlos e incluso amenazaría con matar al niño más pequeño si lo dejaba. En el trato tampoco estaba que le quemaría las manos con lo que compraron con sus ahorros: una parrilla eléctrica.

No me imagino a la “Señora A” echando la parrilla en su maleta improvisada. Ya era mucho lo que cargaba después de ser la pareja de un drogadicto violento, de vivir con cicatrices y quemaduras desde el primer mes de relación y de mentirle a su familia: “fue el café… los frijoles… pues es que me caí”.

El hombre que la defendió en el barrio cuando se burlaban de ella, porque todavía después de cumplir 30 años no podía pronunciar la “r”, decidió que no. Ella no se iba.

Horas después y apenas a tres metros de la “Señora A”, el hombre cometió un crimen –homicidio– que se persigue de oficio. Así fue el último día en “libertad” de la mujer y desde entonces cayó al precipicio de la tortura y un sistema judicial sin reformas. ¿Alguna vez fue libre la “Señora A”?

LA TORTURA

¿A qué distancia estamos todos de volvernos un rompecabezas humano con la cara y el cabello llenos de sangre, sudor y vómito envuelto en un plástico delgadito, sujetado por la mano de “los que nos cuidan”, dado el contexto de derechos humanos que se vive en este país?

“Me pusieron la bolsa y me pegaron en la cara, que ‘vas a decir esto y lo otro’ y dije ‘pues qué quieren que diga si yo no sé nada, realmente yo no sé’, ‘que tú sí sabías’ y, bueno, así muchas cosas. Y ahí me estuvieron pegue y pegue, de hecho, uno me dijo ‘ya di la verdad, si dices la verdad sales y ahorita estás con tu hijo’ y yo ‘qué quieren que diga, yo no sé nada’, y eso fue lo que pasó en el momento que me agarraron; y así hasta ese momento. El lugar donde me tenían era como oficinas, cuando salí de ahí ya me llevaron, así como a las celdas en ese mismo lugar, salí del cuartito y me llevaron a esa celda, y ahí me tuvieron. Ya ahí en el momento en que me pusieron, en eso llegaron como dos, no sé de qué eran, que me dijeron, porque me dijo uno ‘ahorita te voy a dar una buena calentada, vas a ver ahorita’, nada más que ese día llegaron mi mamá y mi hermano, por eso fue que ya no me dieron esa golpiza, eran un hombre y una mujer, no sé, que dijeron ‘ahorita vas a ver, ahorita hasta te vas a hacer pipí, vas a ver cómo te va a ir ahorita’, nomás que en eso, le digo, llegaron mi mamá y mi hermano, por eso ya se fueron, no sé de dónde eran ellos, eso fue cuando ya me tenían aquí en la celda, ya en los separos, ya que ahí me tenían, me estaban diciendo eso”, declaró la “Señora A”.

Su testimonio empata con las declaraciones en 2017 del suizo Nils Melzer, entonces relator especial de Naciones Unidas: “Las fuerzas policiales mexicanas utilizan en forma recurrente la tortura y los malos tratos, incluyendo violaciones, asfixia y descargas eléctricas”. El representante de la ONU en México señaló entonces que la práctica de la tortura y los malos tratos son “generalizados” y serían perpetrados por “las fuerzas de seguridad y agentes de investigación (… y) comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de castigo”. En el informe de ese año, la ONU solicita  a México que no haya “excepciones a la regla de exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura”.

La hermana de la “Señora A” dice que se enteró por el periódico. Una nota donde ya se le consideraba culpable. Pasando por alto cualquier proceso legal, en ese impreso se daba por descontado que estaba de acuerdo con su pareja para cometer el crimen. Un caso que ya va para dos años fue “juzgado” mediáticamente de un día a otro.

Culpable o no, diría Luis Miguel, la “Señora A” ya vive en el Cereso Femenil municipal, “A” convive con otras internas, su nuevo hogar es un ejemplo a nivel nacional, pues supera el promedio de indicadores de bienestar del promedio del país en el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El personal se siente tan comprometido con el desarrollo de las internas que busca y promueve el acercamiento de este tipo de clínicas legales para que orienten a quienes no tienen los medios y dependen de un defensor de oficio.

En entrevista, el asesor de “Inocente”, el licenciado Carlos Jaime Castro, describe su misión como abogados: “Se debe buscar defender a su representado. Y en caso de ser culpable, se debe buscar que la sentencia sea justa y que las pruebas con que las que sea juzgado sean obtenidas sin violar derechos humanos fundamentales. En apariencia son ´formalidades´, pero que repercuten trascendentalmente en el desarrollo de un litigio. Los atropellos más comunes son entrar en un domicilio sin permiso, intervenir comunicación sin orden de un juez y obligar a confesar con maltrato”.

En el caso de la “Señora A”, “se plantea que hubo una situación de mucha violencia previa de su pareja. Tan así, que uno de sus actos terminó con ella detenida. Y esto es una escena común por el contexto social del país. Y se corre el riesgo de que si no se juzga con perspectiva de género, la persona se vuelve víctima de una relación y posteriormente del sistema”.

Ella sentía que nadie le hacía caso. La “Señora A” le manifestó a su familia e incluso a personal del Cereso que su defensa, antes de la revisión por parte de “Inocente”, no hizo nada por ella. Por ejemplo, nunca le preguntó su versión de los hechos y se omitió el derecho a ser juzgada con perspectiva de género y el derecho a no ser torturada.

Uno de los grandes retos que se presentaron para “Inocente” es la medusa de la burocracia. Para obtener una “copia del expediente se tardaron 72 horas. Esto responde a las viejas prácticas del sistema legal anterior, pero cuando tienes a una persona privada de la libertad por prisión preventiva oficiosa se traduce en tiempo que está dejando de vivir”, explicó el asesor.

“La prisión preventiva oficiosa, cuando no hay una investigación adecuada, se convierte en una de las peores cosas que tiene el sistema judicial mexicano. Y se resumen en un ‘primero te encierro y después pregunto si fuiste tú’”, detalló Carlos Jaime Castro.

ARTÍCULO 19

Aunque en el Artículo 19 constitucional se plantea la prisión preventiva oficiosa para delitos muy graves, se pasa por alto que hay malas investigaciones, que todavía se siembran pruebas, que agarran al que no es y que es un calvario estar encerrado mientras se prueba la inocencia. Si el juez dice “es sospechoso”, desde ese momento el indicado está encerrado sin ser culpable, sólo por el tipo de delito. Si sale tras el juicio y es declarado inocente, no sale con antecedentes penales. Pero sí con un registro de detención de que la persona estuvo en el penal.

El gran fracaso de este modelo es que en caso de resultar inocente, el sistema sólo plantea un “que le vaya bien y para su casa”. El resto es una guerra burocrática. Por ejemplo, quienes han padecido esto, se tardan seis meses en obtener su INE. Las personas que estuvieron en prisión pagando un crimen que no cometieron o esperando que se sacara una copia de su expediente, al ser libres andan por ahí sin identificación y sin todos los derechos que ésta les da, como abrir una cuenta de banco y tener un empleo estable. Las empresas serias no los contratan para evitar problemas con Hacienda. ¿A qué pueden recurrir? A ahogarse en préstamos, que se les pague mal en “raya” o redelinquir para comer.

“Inocente”, inspirado en un proyecto de la Universidad de Nuev York, recibió de parte de la Universidad Autónoma De Coahuila (UAdeC) la presea Lobo 2018 por su compromiso social. Sus integrantes: Vicente Manuel Acosta Dávila, Giovanni Hernández Espitia, Mónica del Carmen Flores Almaraz, Rodrigo Cárdenas Salinas, Darío Natan García Guerrero, Nadia Jiménez Escareño  y su asesor Carlos Jaime Castro están comprometidos con la lucha por los derechos humanos y han tenido el apoyo del director de la Facultad de Jurisprudencia, el licenciado Francisco Luis Yáñez Armijo, y el rector de la UAdeC, el ingeniero Salvador Hernández Vélez.

TORTURA EN MÉXICO

> En febrero, el relator especial de la ONU sobre la tortura hizo público un informe de seguimiento a una visita anterior a México, realizada en 2014. En él concluyó que la tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados e incluían un uso alarmante de la violencia sexual como método de tortura frecuente.

> En junio entró en vigor una nueva ley contra la tortura, de aplicación nacional y que reemplazó la legislación estatal y federal vigente. Las organizaciones de la sociedad civil recibieron con agrado la nueva ley, por considerarla un avance que incorporaba las normas internacionales mejor que la legislación anterior.

> La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República reportó, en 2017-2018, 4 mil 390 casos de tortura en revisión a nivel federal e inició 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia adversarial.

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Apenas a tres metros de la “Señora A”, el esposo asesinó a una persona. Ese fue el último día en libertad para la señora, desde entonces permanece en cárcel y sin juicio.

El esposo tiene un historial de violencia contra la “Señora A”, es un hombre que le ha provocado quemaduras y otras heridas, además amenazó con matarle a su hijo menor.

Elementos de la Policía municipal torturaron a la “Señora A” para que declarara el crimen, le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarla y confesara.

La burocracia jurídica del Estado le negó a la “Señora A” conocer su expediente, además el abogado defensor no le preguntó por su versión de los hechos.

DATOS

4 mil 390 casos de tortura en revisión a nivel federal en 2017-2018 reportó la PGR.

777 investigaciones inició la PGR por tortura según el nuevo sistema de justicia adversarial.

RECOMENDACIONES EN LOS CASOS DE “INOCENTE”

> Acceso a un proceso psicoterapéutico de  su confianza que le permita recuperar la confianza en sí mismo, así como disminuir de manera significativa la sintomatología psicológica.

> Que se investigue sobre los presuntos hechos de tortura y/o malos tratos cometidos.

> Que las víctimas no sean expuestas a platicar su experiencia sin supervisión profesional, pues de lo contrario se favorecería la revictimización de la persona.

>Que se tomen en cuenta, acorde a la perspectiva de género, la situación de violencia que la examinada vivía antes de los hechos que la llevaron a su detención.

>Que se tomen las medidas necesarias para garantizar la reparación del daño causado de conformidad con los estándares internacionales de protección que obligan al Estado mexicano a que dicha reparación sea integral; es decir, que no sea solamente en términos económicos, sino que también sean de carácter emocional y moral.

“Inocente”, clínica jurídica gratuita, sigue recibiendo casos en:
Teléfono: 8441381050
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