¿Es suficiente una comisión para evitar la llegada de narcocandidatos?

La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma para evitar candidaturas vinculadas a la delincuencia organizada. Se trata de una herramienta más para evitar que continúe la penetración del narco en la política.

No es un mecanismo que detenga el registro de personas vinculadas al narco, sino que crea una Comisión de Verificación que alertará a los partidos políticos.

¿Es esta la solución para inhibir que el narcotráfico penetre en la política?

Primero, un punto. Esta iniciativa parte del reconocimiento, por parte de la figura política más alta en este país, de que existe un problema: la infiltración del crimen organizado en candidaturas y, a la postre, en gobiernos.

No es nuevo. No es sólo el caso Rocha Moya o el de Morelos. En regiones completas, sobre todo en zonas serranas, municipios fronterizos o áreas estratégicas para el trasiego de la droga, los grupos criminales operan prácticamente a la par del gobierno oficial: cobran cuotas, regentean negocios negros, controlan el tráfico de personas, la piratería, están metidos en negocios agrícolas y un largo etcétera. Son, pues, poderes territoriales capaces de imponer candidatos, financiar campañas y ostentar el poder detrás de un trono.

La iniciativa contempla que la Comisión de Verificación será la encargada de revisar los perfiles de los aspirantes previo a las elecciones, comenzando ya en los comicios de 2027. Esta comisión, parte del Instituto Nacional Electoral (INE), cruzará información con dependencias de seguridad y justicia, incluyendo a la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las autoridades federales determinarán si existe un riesgo razonable de nexos delictivos y notificarán a los partidos políticos, quienes tendrán la decisión final y la responsabilidad de mantener o retirar el registro de la candidatura.

Esto es una limitante de la iniciativa: la Comisión no tendría capacidad de impedir registros, sólo de emitir alertas o recomendaciones a los partidos políticos. Es decir, el filtro dependerá finalmente de la voluntad de los propios partidos, que históricamente han demostrado incentivos contradictorios. Y ante cualquier situación de señalamientos, de inmediato sacan la carta de “es un asunto político”.

Me parece que tendría que existir un candado mucho más hermético para impedir que esos candidatos sospechosos participen; peor aún, si existen elementos de riesgo, ¿por qué no continuar la investigación hasta el punto de que se detenga a la persona si se encuentran motivos penales? ¿Por qué únicamente señalar que existe “riesgo razonable”? ¿Por qué permitir que sigan en la calle, conviviendo en otros ámbitos de la sociedad?

Otro punto es que se debe entender que en muchos territorios el crimen organizado ya domina economías locales. Es decir, la iniciativa plantea futuras candidaturas, pero ¿y los lugares en donde ya está tan incrustado el crimen organizado que no se puede separar del poder político?

AL TIRO

Si nos ponemos a pensar, México ya tiene herramientas legales para investigar lavado de dinero, delincuencia organizada y financiamiento ilícito de campañas. El problema central ha sido la falta de investigación efectiva y sanciones políticas reales.

Sin consecuencias reales y una perenne impunidad, México se convierte en un Estado de papel, de buenos reglamentos y leyes; un país con decenas de entes que supuestamente están allí para evitar irregularidades.

Al final, lo que realmente hace falta son personas honestas, que se deslinden de los partidos cuando arriben al poder y que trabajen como lo que son: servidores públicos.

No deja de ser una buena iniciativa. Todo lo necesario para que el narco no se infiltre más en la política será aceptado. La pregunta es si ello bastará, sobre todo en escenarios donde ya convive con el poder.

La cuestión es si será suficiente en un país donde absolutamente todo se politiza. Una nación en donde seguro no faltará quien después acuse a la Comisión de haberse convertido en un mecanismo político discrecional, sin autonomía, dedicado a vulnerar derechos políticos.

Al tiempo.