En el limbo, víctimas de incendio en calle Morelos de Saltillo; tramo sigue cerrado y empresa evita responsabilidades

A casi un mes del siniestro que dejó una vivienda inhabitable y a una familia sin hogar en la calle José María Morelos, en el Centro de Saltillo, la situación continúa sin avances, en medio del bloqueo de calles y la incertidumbre de los afectados.

El pasado 16 de junio, la calle que forma parte de los límites entre el Centro de la ciudad y el barrio de Santa Anita fue testigo de un siniestro automovilístico protagonizado por una revolvedora de concreto que, al intentar dar una vuelta sobre una calle en declive, volcó e impactó contra una casa que, a los pocos minutos, comenzó a incendiarse con cinco personas en el interior.

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Aunque el siniestro no dejó víctimas mortales y todas las personas de las viviendas cercanas lograron evacuar, las víctimas de la vivienda más afectada, marcada con el número 687, siguen en espera de una resolución, la cual ya han solicitado tanto a la empresa directamente como ante la Fiscalía General del Estado, donde interpusieron una denuncia por daños.

Juana María Ruiz, quien vivía con su esposo y sus dos hijos en la vivienda, dice que la vida le cambió de la noche a la mañana. Su hijo acudió recientemente a la Fiscalía en busca de información sobre la denuncia por los daños causados por la revolvedora de la empresa IMC Concretos; sin embargo, no recibió información concreta sobre el proceso, aunque le advirtieron que resolverlo tardaría varios meses.

“Lo que nos dicen es que ahí va. Vino mi hijo muy decepcionado porque la denuncia va contra el que chocó, que es el chofer, y como el chofer no tiene nada y la revolvedora no estaba asegurada, van a ver si acaso se puede resolver. Lo que nos dicen es que a lo mejor sí, pero que no hay casi nada de esperanza de que nos repongan lo dañado”, explicó Juana María.

La vivienda quedó inhabitable tras el impacto. Aunque ya se realizó un avalúo de los daños, las únicas reparaciones ofrecidas en principio se limitan a un elemento estructural y una parte del muro colapsado, cuando en realidad la familia Pérez Ruiz perdió camas, sala, estufa, refrigerador, un minisplit que todavía no terminaban de pagar, televisores y computadoras de trabajo.

Por ahora, la familia Pérez Ruiz tuvo que refugiarse en casa de otros familiares que viven a escasos metros, y se preguntan qué habría ocurrido con su destino si esa hermana no tuviera un cuarto que prestarles, o si no viviera en la capital coahuilense. También se cuestionan si el regreso a su hogar será pronto.

“Si tuviéramos que pagar renta, ¿cómo le haríamos? Todavía, aparte de la pérdida, tendríamos que estar pagando. Y todo lo que nos dicen es ‘a ver si’, ni siquiera lo tenemos claro”, señala Juana.

Sergio y Juana resaltan que no solo ellos fueron afectados, pues Elena, la vecina de un lado, también resultó lesionada al intentar salir de su casa cuando comenzaron las llamas amenazantes. Al tratar de abandonar el domicilio, sus piernas quedaron atrapadas en el material que era transportado por la revolvedora, que, gracias al químico acelerante, le dejó heridas y quemaduras que debieron ser atendidas durante al menos dos semanas.

El calzado que usaba Elena ese día todavía está atrapado en el concreto que ninguna autoridad ha retirado, casi un mes después del siniestro, lo que ha generado el cierre de calles en la zona y causado efectos secundarios para los vecinos que viven alrededor.

A pesar de la gravedad de las lesiones de Elena, las autoridades rechazaron su solicitud de apoyo para cubrir gastos médicos y una compensación por su incapacidad laboral. Según le informaron, su caso no cumplía con los criterios establecidos para recibir indemnización, una decisión que ha sido cuestionada por la comunidad.

Aunque su proceso fue archivado, Elena ha manifestado su intención de mantenerse solidaria con la familia afectada y acompañar su demanda por justicia.