Identifican colectivas cinco feminicidios en Coahuila clasificados ‘de manera impune’

Un grupo de familiares de víctimas de feminicidio en Coahuila denunció actos de simulación institucional por parte de las autoridades de procuración de justicia, a quienes acusó de “maquillar las cifras” mediante la reclasificación de feminicidios bajo otros tipos penales, como el matricidio.

Alrededor de las 10:00 horas, los manifestantes acudieron a los juzgados del Poder Judicial para exigir justicia y el cumplimiento de los protocolos de atención e investigación. Como símbolo de las mujeres que han perdido la vida, colocaron decenas de siluetas de color rosa en la entrada del recinto.

Asimismo, dirigieron un mensaje al gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha respondido a las necesidades de los familiares, por lo que exigieron el cese de la negligencia institucional.

De acuerdo con el pronunciamiento de las familias, en el que participó Sandra Soto, hermana de Serimar, una joven víctima de feminicidio, la Fiscalía General del Estado de Coahuila evita tipificar las muertes violentas de mujeres como feminicidios con el fin de minimizar las estadísticas de violencia de género.

Entre los casos emblemáticos citados para sustentar esta denuncia se encuentra el de Laura Cadena, en Ciudad Acuña, el cual, aseguraron, las autoridades pretenden reclasificar como matricidio.

También mencionaron el caso de Luisa Fernanda, en Saltillo, el cual, afirmaron, “la autoridad insiste en calificar como suicidio”.

Asimismo, hicieron referencia al reciente feminicidio de Silvia Aracely, en Monclova, donde la familia rechaza la versión inicial de suicidio, al señalar que existían denuncias previas y actos de acecho por parte del presunto agresor.

Las familias sostienen que han tenido que “luchar por arrancarle los derechos a nuestra justicia, ante un sistema que apuesta al desgaste de las víctimas indirectas”.

La denuncia señala directamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a la que califican como un “elefante blanco” y acusan de incurrir en una “crueldad institucional” deliberada.

Sandra Soto comentó que un ejemplo de esta omisión es el caso de Diana Marina, cuyo cuerpo permaneció durante varios días en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) debido a que la CEAV no activó el protocolo de apoyo inmediato para cubrir los gastos funerarios, “obligando a su madre a recurrir a la caridad pública y a la revictimización mediática para poder trasladar los restos a Chiapas”.

“Si no van a hacer su trabajo, mejor desaparezca esa institución y dejen de pagar sueldos a funcionarios omisos”, expresó.

El colectivo manifestó estar cansado de las declaraciones recurrentes del fiscal, como asegurar que los agresores ya están “ubicados”, pues, afirmaron, son las propias familias quienes terminan realizando labores de investigación para lograr las detenciones.

Finalmente, los manifestantes fueron recibidos por una comisión de funcionarios del Poder Judicial, quienes escucharon sus peticiones y se comprometieron a darles seguimiento.