Presunta víctima del “padre Meño” narra su pesadilla
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Martínez Pacheco narra en una entrevista con Efe la pesadilla que vivió en el verano de 2002.
Con solo 15 años, Ignacio Martínez Pacheco ingresó a un seminario del estado de Coahuila, en el norte de México, para seguir su vocación y algún día ser sacerdote, pero en el camino su sueño se vio truncado al convertirse en víctima de un sacerdote pederasta.
Martínez Pacheco narra en una entrevista con Efe la pesadilla que vivió en el verano de 2002. El sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, conocido como el padre Meño, "me sacó del dormitorio (del seminario) para llevarme a caminar y empezó a hablarme de sexo", recuerda.
"Me llevó a la ribera de un arroyo, donde jugueteó con mis manos y las puso sobre su miembro erecto", cuenta el exseminarista, quien añade que el hombre eyaculó en su boca.
En una segunda ocasión, buscó al padre en su cuarto y este le abrió la puerta en una bata de baño. "Lo que hizo fue quitarse la bata y quedarse desnudo para obligarme a realizarle un nuevo acto sexual", señala.
Once años después de ese episodio, Javier Calzada Tamez ingresó al mismo seminario de la Diócesis de Piedras Negras, motivado por la idea de convertirse en cura.
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Ahí también conoció al padre Meño, quien -asegura- lo violó a los 15 años en 2013.
"Yo ya lo conocía porque, además de que él era el rector del seminario, era mi párroco; tenía dos funciones y dos figuras de autoridad y siempre lo vi como una persona muy organizada y estricta en cuestiones de trabajo", relata Javier en entrevista con Efe.
Tres años después de haber sido violado, Javier decidió romper el silencio y denunciar penalmente en marzo de 2017 al sacerdote Juan Manuel, luego de ser motivado por un ministro del seminario de Allende, Nuevo León, y recibir la orientación de sus padres.
"Fue muy difícil porque yo sabía que me iba a enfrentar a muchas cosas, yo sabía que este caso no se podía llevar de manera secreta", señala Javier, quien se entrevistó con el nuncio Franco Coppola para contarle lo sucedido en el seminario de Coahuila.
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"El nuncio tenía información (sobre mi caso), pero todo en mi contra, ya que el obispo (Alonso Garza Treviño) le había contado que yo era una amenaza para la Iglesia", afirma Tamez, que hasta la fecha no he recibido ningún tipo de ayuda espiritual o psicológica por parte de la Iglesia católica.
Por su parte, Juan Armando Revonato, vocero de la diócesis de la Piedras Negras, confirmó a Efe que Garza Treviño presentó un informe a la nunciatura sobre el caso de Javier, pero dijo "desconocer" los detalles.
En abril de 2017, Ignacio decidió sumarse a la denuncia penal de Javier en contra del padre y acusaron a Garza Treviño de encubrimiento, luego de que el jerarca de la diócesis de Piedras Negras nombrara al sacerdote rector del seminario, a pesar de los señalamientos de abuso sexual.
"Confiamos en que hay un proceso (judicial) y confiamos en que sea limpio y adecuado, ya que somos bien conscientes de que ese tipo de acciones (de pederastia) no deben presentarse", señala el vocero de la diócesis.
"El padre decidió tener sus abogados y él se está haciendo cargo directamente de ello", dice Revonato respecto a la defensa del sacerdote, que enfrenta el proceso en prisión.
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"Fueron 13 años los que calle, y siento que si yo hubiera denunciado el abuso en su momento nadie me hubiera creído, pero también creo que quizás hubiera podido detener los abusos del padre Meño", sostiene Ignacio, quien tras hacer público su caso se ha convertido en un activista en contra de la pederastia clerical.
En México, hay 11 denuncias penales que involucran a sacerdotes en abusos sexuales, apunta, y agrega que hasta el momento tiene documentados 60 testimonios de personas que afirman haber sido "víctimas" de un abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia católica.
"Lo que queremos es desmantelar esta red de curas pederastas que existen desde los años noventa y hasta la fecha siguen operando", sentencia.
Los abogados de ambos exseminaristas buscan que el padre Meño reciba la pena máxima del delito de pederastia, hasta 18 años de prisión, con la agravante de ser cometido por una autoridad religiosa.