Se debe de frenar crecimiento desordenado de ciudades y de asentamientos irregulares: Emilio de Hoyos

Luego de algunos antecedentes al respecto, es necesario configurar como delito el que un servidor público, notario o fedatario realice actos u omisiones para autorizar un asentamiento irregular sin cumplir los requisitos de la autoridad competente, consideró Emilio de Hoyos Montemayor.   De esta manera, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local se refirió a la posibilidad de aprobar una reforma al Código Penal de Coahuila.   “Se busca integrar al marco jurídico local una propuesta que complemente lo dispuesto en el régimen transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016”, explicó.   Para contextualizar, la Ley General de Asentamientos Humanos establece en su artículo 118 que “quienes autoricen indebidamente el Asentamiento Humano… que no respeten la definición de Área Urbanizable contenida en este ordenamiento se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles y penales aplicables”.

Y precisamente en ese sentido va encaminado el régimen transitorio de la Ley General, dijo.   De Hoyos Montemayor indicó que dicha Ley General establece en su artículo décimo segundo que “En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las legislaturas locales adecuarán sus códigos penales para que se configuren como delitos las conductas de los sujetos privados o públicos que promuevan o se beneficien con la ocupación irregular de áreas o predios de conformidad con los artículos 10, fracción XII y 118 de la Ley que se expide”.   De Hoyos Montemayor señala que se debe  incluir una fracción III en las conductas que afectan la fe pública porque precisamente ésta se trata de una función de orden público, que si bien está a cargo del Ejecutivo del Estado éste la delega a profesionales del Derecho en virtud del fíat que para el efecto les otorga el Congreso del Estado.   “Es así que en la propuesta se amplía el supuesto para aquel servidor público que se preste para inscribir un instrumento que a todas luces no reúna los requisitos establecidos en la Ley General, Estatal y los reglamentos municipales en materia de asentamientos humanos”, manifestó.   Asimismo se busca atender la problemática de las ciudades del Estado que corren el peligro de dirigirse a un crecimiento de forma desordenada, en parte, por la autorización de asentamientos humanos que no se ajustan a lo que dispone la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, sobre todo en zonas que no se encuentran destinadas a dicho fin.