Señalan posible ‘red de favores’ entre jueces y otros funcionarios judiciales durante procesos familiares de Saltillo

Dos madres de familia en Saltillo denunciaron la posible existencia de lo que describen como una “red de favores e influencias” en el sistema de justicia familiar del estado, tras una serie de malas experiencias y falta de objetividad dentro de sus juicios, que dejan en vilo el futuro de sus hijos.

Tanto Gloria Guadalupe “N” como María Fernanda “N” relatan que el juez familiar Daniel Abraham González Esquivel ha favorecido a sus exparejas —ambos abogados con trayectorias en la función judicial local y federal—, toda vez que, mientras para ellas la espera para la admisión de peticiones es larga, para ellos, lo constatado en actas sugiere una “justicia exprés”.

El caso de Gloria Guadalupe “N” inició con un juicio de divorcio contra Joel “N”, exjuez laboral en Monclova, contra quien en enero de 2023 presentó la demanda de divorcio tras su separación en septiembre de 2022, desde cuando Gloria asumió por completo el cuidado de sus dos hijos, de cuatro y siete años de edad.

A la par del divorcio, el progenitor enfrenta un proceso penal; Joel “N” está vinculado a proceso desde 2023 por violencia familiar e incumplimiento de obligaciones alimenticias, por lo cual, tras la vinculación, le fue aplicada una medida de brazalete electrónico, además de un proceso alterno por abuso.

Pese a estar bajo proceso y tras ser destituido de su cargo como juez laboral local el 28 de febrero de 2024 en Monclova, Joel “N” comenzó a depositar únicamente una pensión de 50 pesos diarios por cada niña, bajo el argumento del cese de labores y la baja percepción.

“Aún con todo esto, tenemos registrado cómo el juez ha celebrado audiencias sin notificar a todas las partes, faltando requisitos, etc. El tema es que quiere autorizar convivencias a pesar de que se le han aportado indicios y pruebas de que es violento, e incluso, hay un caso más nuevo que el mío y que fue promovido por la actual pareja de Joel”, dice.

La denunciante sospecha que el sesgo del juzgador se debe a una red de favores profesionales, dado que Joel “N” se desempeñó como juez laboral local adscrito a Monclova y actualmente opera como uno de los voceros del grupo “Soy papá, no criminal”.

El trato preferencial del juez Daniel Abraham González Esquivel hacia el demandado llegó a tal extremo que, a pesar de que Gloria le entregó personalmente en una audiencia una queja interpuesta ante el Consejo de la Judicatura por su evidente parcialidad, el juzgador ignoró el recurso y continuó conociendo del expediente familiar.

Un caso alterno es el de María Fernanda “N”, quien, desde julio de 2025, recibió una demanda de divorcio y guarda y custodia de un menor de dos años por parte de su expareja, Jonás “N”, quien fue recientemente nombrado como magistrado federal en un tribunal mixto y de quien se había separado un mes antes.

Aquel día, de forma coincidente, Jonás envió un mensaje de WhatsApp a Fernanda avisándole del trámite, procediendo a bloquearla justo cuando recibía su nombramiento oficial como magistrado federal.

En este caso, Fernanda califica el actuar del juez Daniel como una “justicia exprés” a favor de su colega, pues apenas cuatro o cinco días después de presentada la demanda de divorcio, y sin haber notificado legalmente a María Fernanda, el juez González Esquivel otorgó a Jonás “N” una Alerta Amber y un cambio inmediato de la guarda y custodia del bebé, que en ese entonces tenía solo 11 meses.

Fernanda, quien también es abogada, tuvo que interponer un juicio de amparo para recuperar al menor y suspender la Alerta Amber y el cambio de custodia exprés, argumentando la lactancia materna y su rol de cuidadora principal desde el nacimiento, cuando suspendió su actividad laboral.

En materia penal, el magistrado federal Jonás “N” también enfrenta una denuncia penal por violencia familiar encaminada a violencia vicaria, derivada de actos que podrían caer en la persecución, como la ocasión en que bajó el switch de su domicilio, desconectando cámaras, además de amenazar al personal de la guardería del menor para intentar sustraerlo.

A pesar de que Fernanda no trabajaba para dedicarse al cuidado de su hijo y solicitó una pensión alimenticia para sí misma, el juez González Esquivel omitió resolver en un primer momento de forma provisional.

“Yo la pedía y nunca me la acordaban. Eso era lo que más me llamaba la atención porque yo tengo conocimiento, por asuntos que llevo, que eso en automático lo tienes que otorgar como una medida provisional porque no puedes dejar desprotegidos ni a los niños ni a las mujeres”, indicó.

Aunque, con los recientes cambios, el juez Daniel González entregó el caso para trasladarse a otro juzgado, María Fernanda dice que sus actuaciones dejaron una serie de problemas que ahora resultan en la dilación y que tienen su raíz en las trayectorias profesionales de Jonás y el juez Daniel. De hecho, detalla que ambos compartieron relación mientras trabajaban juntos en la Sala Colegiada Civil y Familiar del Estado de Coahuila hace unos diez años, donde Jonás fungió como secretario por ocho años.

“Yo creo que para nosotras lo principal es que se pongan de acuerdo en cuanto al interés superior de los menores y realmente juzgar con perspectiva de infancias, porque lo que más se ha visto en estos casos es que los dejan completamente a un lado con tal de favorecer a una de las partes”, dice María Fernanda.