Sistema penal en Coahuila rebasado; presentan la Red Justicia para mejorar la calidad de justicia

Mejorar los servicios, atender las necesidades y afrontar los retos en materia de justicia penal es la meta de la Red Justicia Coahuila, un espacio integrado por organizaciones civiles como el Consejo Cívico de las Instituciones de la Laguna, Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, Fundación Luz y Esperanza, Observatorio Judicial Región Laguna, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Academia Interamericana de Derechos Humanos, todas coordinadas por México Evalúa.

Y es que la justicia penal es uno de los temas prioritarios para lograr el desarrollo en México, pues es un derecho humano y es una condición para lograr el estado democrático de derecho y la paz social, dijo Jorge Carbajal Hernández, Coordinador de alianzas del Programa de Justicia de México Evalúa.

No obstante, este tema siempre había sido tratado por las instituciones públicas competentes, organizaciones y gremios de especialistas en el tema, “lo que hizo que se convirtiera en un sector cerrado, opaco y alejado de la ciudadanía, y por eso se vio la necesidad de abrir el sector para contar con mayor información del estado que guarda la justicia penal en el país y para que más actores de la sociedad civil se involucren”.

Así nació la Red Justicia en 2019, con la que se impulsó la participación de actores, organizaciones civiles y gubernamentales para promover el mejoramiento del acceso y calidad de la justicia en nueve estados de la república: Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Zacatecas, Baja California, Tabasco, Nayarit y San Luis Potosí.

Como parte de este proyecto se han desarrollado una serie de evaluaciones a nivel nacional y local, además de una serie de datos abiertos, temas de capacitación, campañas de comunicación y ejercicios de diálogo con autoridades de gobierno para facilitar la articulación de la justicia penal.

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Para el caso particular de Coahuila, ya se han publicado los hallazgos de 2019 a 2021 que indican que la demanda de servicios de procuración e impartición de justicia se encuentra rebasada, no cuenta con un despliegue de infraestructura, personal suficiente, capacitado y profesionalizado.

“Nos llama la atención su proporción de ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, que se encuentra por encima de la media nacional, pero que no se alcanza a reflejar en el resto de los operadores como jueces, defensores, peritos y asesores jurídicos, en donde sus proporciones se encuentran por debajo de la media nacional”, comentó Carbajal.

También se carece de un modelo de investigación en todas las áreas, lo que hace que los procesos penales sean menos eficientes.

En ese sentido se hacen algunas recomendaciones a instancias como la Coordinación Técnica, la Fiscalía, Defensoría Pública, Poder Judicial, Comisión Estatal de Atención a Víctimas y al Sistema Penitenciario.

Las sugerencias de mejora tienen que ver con la asignación de mayores recursos de estructura, infraestructura, económicos y humanos para la atención a las víctimas, generar acciones de coordinación y comunicación interinstitucional, implementar modelos de investigación, añadir más personal especializada en defensoría pública, fortalecer y consolidar el Modelo Coahuila en Materia Penal y establecer metas para medir avances y entre otras.

En ese sentido, la agenda ciudadana de justicia penal tendrá que enfocarse en el seguimiento de acciones como el fortalecimiento de las comisiones e instituciones de atención a víctimas y de la defensoría pública, consolidar el funcionamiento de los juzgados en materia de violencia familiar, mejorar el modelo de gestión institucional y entre otras acciones.