Attolini califica aprehensión de Ganem y Rodríguez como primer paso de la justicia: ‘Nadie debe estar por encima de la ley’

TORREÓN, COAH.- La aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de José Elías Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, y de Martha Rodríguez Romero, extitular del Centro de Justicia Municipal, marca un antes y un después frente a la “impunidad de los intocables” en la región lagunera, aseguró el diputado local Antonio Attolini Murra.

En un pronunciamiento difundido este domingo, el legislador sostuvo que el operativo federal no constituye una sentencia anticipada, pero sí desmantela la narrativa de protección por poder, dinero o relaciones políticas.

“Una detención no sustituye un proceso... pero sí termina con una idea que durante demasiado tiempo quisieron imponer en Torreón: que había personas intocables. En Coahuila nadie debe estar por encima de la ley y quien la hace, la paga”, sentenció Attolini.

DE LAS DENUNCIAS AL FONDO DE LA RED

Attolini recordó que las acusaciones en contra de Ganem Guerrero —señalado por empresarios, proveedores y ciudadanos de presunta extorsión, intimidación, corrupción y abuso— no nacieron de la coyuntura política, sino de expedientes y denuncias previas formalizadas por él mismo y por el senador Luis Fernando Salazar.

Asimismo, apuntó que el caso de Martha Rodríguez Romero abre la puerta para indagar presuntas violaciones a derechos humanos y abusos ocurridos al interior del Centro de Justicia Municipal, institución que —recordó— estaba llamada a proteger a la ciudadanía y no a convalidar atropellos.

LAS EXIGENCIAS DEL POSICIONAMIENTO LEGISLATIVO

El legislador delineó cuatro exigencias centrales ante el curso legal que toma el caso:

Ampliación de responsabilidades: Investigar si existen más funcionarios, redes de encubrimiento o beneficiarios de las conductas indiciadas.

Reparación integral: Que el proceso federal coloque al centro a las víctimas de extorsión, miedo institucional y abuso de poder.

Recuperación patrimonial: Indagar el uso o desvío de recursos públicos vinculados a los implicados.

Respeto al debido proceso: Esperar los informes oficiales de la FGR y evitar el juicio mediático o la especulación política.

“Una detención no sustituye un proceso... pero sí termina con una idea que durante demasiado tiempo quisieron imponer en Torreón: que había personas intocables. En Coahuila nadie debe estar por encima de la ley y quien la hace, la paga”, sentenció Attolini.

Con este paso, concluyó Attolini, se envía un mensaje institucional de que el encubrimiento y el ejercicio del poder ya no operan como salvoconductos frente al reclamo de justicia en Torreón.