Attolini exige esclarecer pasivos millonarios en SIMAS Torreón, tras amparo promovido por el exgerente Roberto Escalante

TORREÓN, COAH.- Ante registros del Poder Judicial de la Federación que confirman que Roberto Escalante González, exgerente general del SIMAS Torreón, interpuso un juicio de amparo (1434/2026) ante el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna contra posibles actos privativos de la libertad, el diputado local Antonio Attolini Murra exigió una investigación a fondo sobre las finanzas del organismo operador.

Si bien el recurso legal no implica culpabilidad ni confirma una orden de captura, Attolini subrayó que la revelación cobra relevancia tras la abrupta salida de Escalante en julio pasado, derivada de un salto drástico en los pasivos, los cuales pasaron de 354.2 millones de pesos al cierre de marzo a 2 mil 081 millones 126 mil pesos a mitad de año, cifras que motivaron el rechazo unánime del Consejo Directivo al informe financiero del primer semestre.

“Presentar un amparo es un derecho constitucional, pero abre una pregunta pública: ¿qué investigación hizo que Escalante considerara necesario protegerse contra una posible detención?”, cuestionó el legislador, insistiendo en que el núcleo del problema es el esclarecimiento de las cuentas y la discrepancia contable.

Attolini recalcó que es indispensable aclarar quién elaboró, firmó y revisó los estados financieros, así como determinar las obligaciones ocultas. Por ello, instó a la Auditoría Superior del Estado a clarificar qué análisis practicó sobre los informes de gestión y si existieron anomalías que debieron detectarse con anticipación, enfatizando que corresponde a las autoridades competentes indagar posibles delitos o responsabilidades administrativas sin sustituir las funciones de jueces o fiscales.

Recordando que el Congreso de Coahuila ya aprobó una auditoría especial al organismo y que existen antecedentes de denuncias, el diputado sentenció que la crisis financiera y la respuesta jurídica del exfuncionario exigen una explicación institucional transparente y el cese de la opacidad ante una deuda pública superior a los dos mil millones de pesos, siempre bajo el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.