Coahuila: Seguridad vial, el rezago que a nadie le importa

Circular por las calles de nuestras ciudades, sobre todo si se hace a pie, implica asumir un riesgo desproporcionado. Y esto es así, sobre todo, porque nadie se ocupa de diseñar e implementar las medidas necesarias para disminuir el riesgo actual.

Se ha dicho hasta la saciedad, pero nadie parece interesarse en la realidad: en países como el nuestro, los accidentes viales son más frecuentes y cobran más víctimas que en el denominado “mundo desarrollado”. Y eso no es producto de la causalidad, sino de las omisiones que seguimos arrastrando en relación con este rubro.

El problema, por lo demás, se encuentra perfectamente diagnosticado, no solamente a nivel doméstico, sino a escala global. Por ello, justamente, como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, la Organización de las Naciones Unidas impulsó, al inicio de la presente década, el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial.

Dicho Plan es una hoja de ruta para que los gobiernos del mundo entero implementen acciones con un objetivo puntual: reducir al menos en la mitad el número de víctimas fatales producidas por los accidentes viales. México, huelga decirlo, es uno de los países que se ha adherido a dicho propósito.

A partir de esa incorporación, el Congreso de la Unión aprobó, en mayo de 2022, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ordenamiento jurídico que busca estandarizar, a nivel nacional, medidas que permitan cumplir con el propósito que se ha establecido en relación con la seguridad vial.

Pero, como puede deducirlo cualquiera, la existencia de una norma jurídica no modifica en automático la realidad. Para que ello ocurra es indispensable que quienes tienen la responsabilidad de implementar las normas hagan su trabajo. Mientras eso no suceda, nada va a cambiar.

Y en algunos lugares como Coahuila, no solamente seguimos sin hacer nada respecto del problema que tenemos enfrente, sino que ni siquiera hemos cumplido con lo mínimo que ordena la norma referida: armonizar la legislación local.

Así, como lo consignamos en el reporte que publicamos en esta edición, aspectos como el límite de velocidad permitido, la ingesta de alcohol, el uso del teléfono celular, la implementación de herramientas para mejorar la seguridad en las calles o el establecimiento de requisitos como exámenes prácticos de manejo y pruebas médicas para emitir licencias de conducir, siguen pendientes de aparecer en nuestras normas locales.

¿Por qué a nadie parece resultarle urgente la necesidad de cumplir con el mandato que el Congreso de la Unión estableció desde hace más de cuatro años? ¿Acaso las muertes y lesiones permanentes que cientos de personas sufren cada año en nuestra entidad no son motivo suficiente para actuar?

Cabría esperar que quienes tienen la responsabilidad de legislar al menos consideraran que las respuestas a las interrogantes anteriores constituyen lo mínimo que los ciudadanos merecemos.