Marcelo Torres Cofiño plantea agilizar reglas para traslado de diésel sin afectar combate al huachicol
El legislador propone un permiso especial para diferenciar a empresas que operan legalmente de las redes dedicadas al robo de combustible
TORREÓN, COAH.– Ante la necesidad de dinamizar la economía nacional, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño impulsó un punto de acuerdo orientado a brindar seguridad jurídica a las empresas que trasladan diésel para alimentar su maquinaria operativa.
El objetivo es diferenciar claramente a los agentes económicos que cumplen con la ley de las redes dedicadas al trasiego ilícito de combustible.
El legislador subrayó que, si bien la lucha contra el “huachicol” es vital para el país, las actuales tácticas de supervisión están afectando la productividad.
”No podemos permitir que el legítimo ejercicio de combatir el robo de hidrocarburos se convierta en un obstáculo para quien utiliza combustible para mover un tractor, una excavadora o equipo industrial”, enfatizó.
La iniciativa plantea que la Secretaría de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) implementen criterios técnicos simplificados. También propone crear un permiso especial para el traslado de entre 30 y 5 mil litros de diésel destinados exclusivamente a procesos productivos en sectores como la minería, la construcción y la agricultura.
De acuerdo con el legislador, estas actividades enfrentan actualmente una ambigüedad regulatoria que puede derivar en afectaciones para quienes operan conforme a la ley.
Torres Cofiño destacó que la propuesta surge de las inquietudes expresadas por empresarios de La Laguna, preocupados por la discrecionalidad en las inspecciones.
Ante el riesgo de sanciones desproporcionadas, multas severas o incluso penas privativas de la libertad para empresas que operan legalmente, urgió a homologar los protocolos de inspección.
Asimismo, adelantó que esta medida es solo el inicio. Anunció que próximamente presentará una reforma legislativa integral para blindar a los sectores productivos, eliminar la incertidumbre jurídica y proteger la operatividad de quienes impulsan la economía mexicana.