México responde a la CCA por el caso del Río Nazas con descalificaciones

El gobierno de México presentó su respuesta a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) respecto del caso del Río Nazas en La Laguna, en la que resaltan más el tono de confrontación institucional y las descalificaciones dirigidas al Secretariado de la CCA que los argumentos técnicos, jurídicos y científicos.

En el marco de la petición SEM-25-001 (Cuenca Baja del Río Nazas), este 9 de febrero se emitió la respuesta oficial del gobierno mexicano, luego de que se solicitara una prórroga.

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El argumento principal del gobierno mexicano es que las presas Lázaro Cárdenas (1936-1946) y Francisco Zarco (1966) fueron construidas en un contexto en el que “no existía un derecho ambiental sistematizado, ni en el ámbito nacional ni en el internacional”. Con base en ello, sostiene que dichas decisiones no pueden evaluarse conforme a estándares ambientales actuales.

Posteriormente, critica al Secretariado de la CCA y responde: “... estas irregularidades sugieren una de dos situaciones: o el Secretariado CCA enfrenta limitaciones técnicas significativas para identificar deficiencias jurídicas fundamentales, o las identificó, pero optó por no considerarlas obstáculo para la tramitación de la Petición. En ambos escenarios surge la inquietud de que el Secretariado CCA no está ejerciendo con el rigor necesario su función de examinar las peticiones antes de solicitar una Respuesta de Parte, y en su caso recomendar un Expediente de Hechos”.

Luis Pedroza, abogado de Prodefensa del Nazas, señaló que no se está cuestionando la construcción de las presas, sino la administración del agua bajo la infraestructura hidráulica, donde no se ha reservado una parte del caudal para mantener la integridad ecológica del Río Nazas, lo que ha afectado a los ecosistemas y a los habitantes de la Comarca Lagunera.

Además, indicó que se han señalado omisiones a las propias leyes nacionales, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Aguas Nacionales, las cuales establecen que cualquier actividad debe realizarse sin poner en riesgo su integridad y respetando su funcionalidad; en el caso del agua, garantizando un caudal ecológico que permita mantener vivo el río y sus ecosistemas.

Pedroza también criticó la postura del gobierno mexicano de no querer ser juzgado bajo parámetros actuales, argumentando que no existían legislaciones ambientales al momento de la construcción de las presas, y lo comparó con el argumento de que alguien pretendiera justificar hoy la propiedad sobre un esclavo y su descendencia porque en su momento fue legal.

“La actuación gubernamental se tiene que ir adecuando conforme evoluciona la legislación”, comentó.

Cabe recordar que ProDefensa del Nazas, colectivo lagunero, interpuso procesos desde 2025 ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), por el deterioro de la cuenca baja del Río Nazas. El objetivo de estas iniciativas es dotar de derechos al río Nazas y recuperar su caudal ecológico.

En el caso de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), creada bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, su relevancia radica en que, aunque es un acuerdo comercial, incluye un apartado ambiental (Capítulo 24) que obliga a los países a cumplir con su legislación nacional.

Luis Pedroza añadió que, tras la respuesta del gobierno mexicano, ahora existe un plazo de 60 días para que la Comisión para la Cooperación Ambiental determine si se amerita la elaboración de un expediente de hechos.