Nueva Consejería Jurídica de Torreón alista estrategia para homologar criterios y blindar las finanzas municipales

TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de consolidar un sistema jurídico unificado en la administración pública, la recién establecida Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Torreón se enfocará en alinear los criterios de las distintas dependencias y organismos, robustecer la defensa del municipio y blindar el erario frente a potenciales contingencias legales.

Gerardo Márquez Guevara, titular de la dependencia, detalló que el arranque de esta gestión contempla un diagnóstico integral del estado legal del gobierno local, atendiendo la dispersión operativa que históricamente ha caracterizado a los equipos jurídicos internos.

Actualmente, el municipio opera con cerca de 25 a 30 áreas y organismos descentralizados dotados de representación legal propia, motivo por el cual resulta imperativo estructurar un mecanismo de coordinación que homologue las directrices de actuación.

“Si la ley es la misma, entonces creo que es importante empatar los criterios con los que se va a afrontar y proceder”, puntualizó Márquez Guevara.

Aunque el funcionario puntualizó que el análisis cuantitativo sobre la carga de juicios, fallos desfavorables y pasivos económicos continúa en curso —por lo que se reservó cifras definitivas hasta concluir la auditoría—, admitió que el Ayuntamiento arrastra un volumen considerable de litigios.

Entre los frentes abiertos destacan los procedimientos de índole laboral y expedientes de alto impacto financiero para las arcas públicas, tal es el caso del conflicto vinculado con Ecoagua.

Bajo esta premisa, el titular advirtió que todos los expedientes serán sometidos a revisión exhaustiva, priorizando aquellos asuntos que, por el volumen de recursos involucrados, representen un riesgo directo para las finanzas de la ciudad.

No obstante, el eje rector de la nueva oficina no se limitará a la gestión reactiva en los tribunales, sino que priorizará una política de prevención de riesgos legales destinada a inhibir la generación de nuevos conflictos y quebrantos patrimoniales.

Para lograrlo, la estrategia contempla examinar a detalle los procesos mercantiles, laborales y administrativos, dotando a los mandos medios y superiores de herramientas para una toma de decisiones apegada a la normatividad.

“Se trata también de generar esta cultura de prevención. Más allá de ser reactivo, solamente esperar a que nos demanden, prevenir los riesgos”, recalcó el funcionario.

Como parte prioritaria de este esquema preventivo, la Consejería evaluará los protocolos aplicados en la rescisión de contratos laborales, buscando que cada movimiento se ejecute con estricto apego a derecho y minimizando el impacto económico por indemnizaciones o laudos adversos.

Márquez Guevara concluyó que esta radiografía jurídica inicial dotará a la administración de los elementos necesarios para reorientar su defensa institucional, transformando a la Consejería en el órgano articulador que garantice la protección del patrimonio municipal y el uso eficiente de los recursos públicos.