‘Se trataba de una mal llamada reforma electoral’, afirma Marcelo Torres Cofiño, diputado federal por Torreón

TORREÓN, COAH.- Luego de que no avanzara la propuesta de reforma electoral presentada a nivel federal, el diputado del Partido Acción Nacional, Marcelo Torres Cofiño, señaló que el desenlace era esperado, ya que, a su juicio, la iniciativa no contaba con el respaldo de la ciudadanía ni con acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

El legislador panista criticó la propuesta impulsada por Morena, a la que se refirió como una “mal llamada reforma electoral”, al considerar que no respondía a una exigencia social y que tampoco fue elaborada a partir de un proceso de diálogo con especialistas, académicos ni con los propios partidos políticos.

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Torres Cofiño indicó que, a lo largo de la historia del País, las reformas en materia electoral han sido producto de amplios consensos entre diversos actores políticos y sociales, situación que —dijo— no ocurrió con esta iniciativa, lo que finalmente provocó que no obtuviera la aprobación necesaria.

De igual forma, destacó que una de las principales exigencias del PAN para respaldar cualquier cambio al sistema electoral es establecer mecanismos que impidan la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

En este contexto, propuso que se sancione a los dirigentes partidistas que registren candidatos con presuntos vínculos con el crimen organizado o que acepten recursos de origen ilícito, además de considerar incluso la cancelación del registro a los partidos que incurran en este tipo de prácticas.

El diputado federal añadió que, si en el futuro se presenta una nueva iniciativa en la materia, esta debería enfocarse únicamente en aspectos administrativos o presupuestales relacionados con el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales.

Por último, reiteró que cualquier modificación al marco electoral debe tener como prioridad garantizar elecciones libres y transparentes, así como asegurar que el voto ciudadano se respete y que no exista injerencia de grupos delictivos en la vida política del País.