Secundaria General Número 13 del ejido Unión, en Torreón, anunció que este lunes no habrá actividades educativas
El plantel pidió a las familias mantenerse atentas a los avisos oficiales y no anunció una fecha de reanudación
TORREÓN, COAH.— Luego de que este domingo 4 de octubre Carlos “N” y David “N” fueran vinculados a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión anunció que este lunes 5 de octubre no habrá actividades educativas con alumnos, al priorizar la seguridad y el bienestar emocional de su comunidad.
El plantel difundió un aviso dirigido a madres, padres de familia y estudiantes, a quienes pidió permanecer atentos a su página de Facebook, donde compartirá las indicaciones sobre el acompañamiento que brindará tras el ataque del jueves 1 de octubre.
“Nuestra prioridad es velar por la seguridad y el bienestar emocional de nuestros alumnos y de toda la comunidad escolar”, expresó la institución. También señaló que trabajará en coordinación con las autoridades correspondientes y agradeció la comprensión, confianza y solidaridad de las familias.
El comunicado establece la suspensión para este lunes, pero no precisa una fecha de reanudación de las actividades educativas.
En el ámbito judicial, los dos hermanos, de 18 años, fueron vinculados a proceso este domingo durante una audiencia celebrada en Torreón, dentro de la causa penal 1632/2026, informó Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila.
Ambos enfrentan imputaciones por homicidio calificado en agravio de la subdirectora Nedi Edit Nevárez González y tentativa de homicidio calificado contra otras cuatro personas, entre ellas dos menores de edad.
Los delitos atribuidos contemplan las agravantes de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña. A solicitud del Ministerio Público, el juez impuso prisión preventiva justificada a ambos imputados.
Además, autorizó seis meses para la investigación complementaria, cuyo plazo vencerá el 4 de abril de 2027. Mery Ayup señaló que podrían recibir hasta 60 años de prisión si se acredita su responsabilidad penal.
La vinculación a proceso permite continuar la investigación bajo control judicial y no constituye una sentencia condenatoria.
