Tribunal de la UAdeC cierra caso contra exdocente por violencia de género porque ya no trabaja en la universidad

El Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) resolvió el cierre de un procedimiento administrativo iniciado contra el docente Aldo Mauricio “N”, de la Facultad de Jurisprudencia, señalado por presuntos actos de violencia de género.

De acuerdo con la resolución emitida el 15 de mayo de 2025, correspondiente al expediente T.U./U.S./40/2024, el caso fue sobreseído debido a que el denunciado dejó de formar parte de la comunidad universitaria durante el proceso.

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CASO DERIVÓ DE PUBLICACIÓN PERIODÍSTICA

El documento establece que el Tribunal tuvo conocimiento de los hechos el 6 de octubre de 2024, tras la difusión de una nota periodística en la que se señalaban conductas relacionadas con violencia familiar.

A partir de ello, y tras confirmar la identidad de la presunta víctima —también integrante de la comunidad universitaria—, la instancia decidió iniciar una investigación de oficio, dada la gravedad del caso.

Ese mismo día se notificó al docente señalado sobre la apertura del procedimiento, así como a autoridades universitarias, para la implementación de medidas cautelares.

Entre las acciones adoptadas por el Tribunal se incluyó la suspensión provisional del docente con goce de sueldo, con el objetivo de evitar posibles actos de hostigamiento o afectaciones hacia la denunciante. Además, se instruyó restringir su acceso a instalaciones universitarias y se le apercibió para evitar cualquier tipo de acercamiento o contacto con la presunta víctima, ya fuera de forma directa o por terceros.

La universidad también tomó medidas para garantizar la continuidad académica de los estudiantes, solicitando la sustitución del docente en sus funciones.

EXISTÍA INVESTIGACIÓN PENAL

Como parte del seguimiento del caso, el Tribunal solicitó información a la Fiscalía General del Estado, la cual confirmó la existencia de una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar.

El expediente indica que el caso fue judicializado en octubre de 2024 y que el señalado fue vinculado a proceso, estableciéndose medidas cautelares y un período de investigación.

Asimismo, durante el procedimiento universitario se integraron documentos como la denuncia formal, dictámenes psicológicos y médicos, así como otras pruebas recabadas por autoridades.

PROCESO AVANZÓ PESE A AUSENCIA INICIAL

El docente señalado no acudió a una primera comparecencia; sin embargo, posteriormente solicitó la continuación del proceso y participó en etapas posteriores, incluyendo la presentación de alegatos.

También se registraron incidentes durante el proceso, como un apercibimiento por presuntamente acudir a instalaciones universitarias pese a restricciones vigentes.

Uno de los elementos clave para la resolución fue la confirmación de que el docente causó baja de la universidad el 11 de octubre de 2024, es decir, pocos días después de iniciado el procedimiento.

Esta situación fue determinante, ya que el Protocolo de Actuación establece que los procesos pueden cerrarse cuando la persona denunciada deja de pertenecer a la comunidad universitaria.

Con base en lo anterior, el Tribunal resolvió el sobreseimiento del caso, lo que implica el cierre del procedimiento sin emitir una sanción, ni determinar responsabilidad sobre los hechos denunciados.

No obstante, la resolución señala que el proceso podría reanudarse si el señalado vuelve a integrarse a la universidad, en cuyo caso se retomaría conforme a derecho.

Aunque el expediente avanzó en diversas etapas, incluyendo la recopilación de pruebas y testimonios, el Tribunal no emitió una resolución sobre la existencia o no de violencia de género. Esto se debe a que el cierre del procedimiento responde a una condición administrativa —la baja del denunciado— y no a la conclusión del análisis de fondo.

El Tribunal fundamentó su decisión en el Protocolo de Actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género al interior de la universidad, el cual establece los lineamientos para investigar y resolver este tipo de situaciones. Dicho instrumento contempla medidas de protección, etapas procesales y causales de cierre, como la aplicada en este caso.