Votación de reforma contra abusos de aseguradoras será antes del 20 de noviembre: Jericó A. Masso
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La propuesta contempla transparentar tarifas médicas, regular los incrementos de las pólizas y dar mayores facultades a Profeco y Condusef
Una reforma para establecer mayores controles sobre las aseguradoras y los hospitales privados podría comenzar a discutirse en la comisión de Hacienda el próximo 14 de noviembre en la Cámara de Diputados, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, para llevarse al pleno antes del 20.
Lo anterior fue informado por el legislador coahuilense Jericó Abramo Masso, impulsor de la iniciativa que busca proteger a cerca de 15 millones de personas que cuentan con seguros de gastos médicos mayores y darles mayor certeza sobre los costos de la atención médica.
Abramo Masso desde hace casi dos años presentó la propuesta para atender los incrementos en las pólizas y la falta de transparencia en los servicios hospitalarios privados. La discusión, que durante años permaneció sin avances legislativos, reúne ahora planteamientos de distintas fuerzas políticas.
De acuerdo con el legislador priista, después de meses de reuniones y foros con especialistas, pacientes, representantes de aseguradoras y hospitales, se integró un documento que concentra 16 iniciativas de diferentes partidos, nueve de ellas presentadas por él. El objetivo es establecer reglas que permitan a los usuarios conocer con claridad cuánto pagan, qué servicios reciben y cómo se determinan los aumentos en sus seguros.
Entre los cambios propuestos se encuentra eliminar las cláusulas confusas en los contratos, transparentar los procedimientos médicos y obligar a los hospitales privados a publicar anualmente sus listas de precios, de manera que los pacientes puedan consultar los costos antes de recibir atención.
La propuesta también contempla que las personas puedan conocer en tiempo real cómo aumenta la cuenta hospitalaria durante su tratamiento, con el propósito de evitar sorpresas al momento de recibir la factura. Además, plantea establecer tabuladores de honorarios médicos y hacer públicos los criterios utilizados para determinar los precios de los procedimientos.
Abramo Masso aclaró que la intención no es imponer tarifas ni fijar cuánto debe cobrar cada hospital o especialista, sino generar condiciones de transparencia que permitan comparar precios y evitar incrementos sin justificación. Sostuvo que actualmente existe opacidad en el mercado de los servicios médicos privados y que la falta de información dificulta que los usuarios identifiquen cobros excesivos.
Otro de los puntos consiste en otorgar mayores facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para intervenir y sancionar prácticas que afecten a los consumidores, así como fortalecer la participación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en la protección de quienes contratan seguros médicos.
La iniciativa incluye también la obligación de que los vendedores de pólizas informen cuánto ganan por cada seguro comercializado y que las compañías expliquen los motivos de los aumentos de un año a otro. Con ello, se pretende que los asegurados tengan elementos para conocer las condiciones reales de sus contratos y tomar decisiones informadas.
Durante una entrevista con Claudio Ochoa, para Latinus, el diputado señaló que el encarecimiento de los seguros de gastos médicos mayores ha provocado que muchas familias dejen de contratarlos. En la conversación se mencionó que alrededor de un millón de personas abandonaron sus pólizas debido a los incrementos en los costos.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado morenista Carol Antonio Altamirano, informó que ya existe comunicación con los responsables de la propuesta y que las negociaciones podrían comenzar después de la aprobación del presupuesto federal.
Abramo Masso, quien se desempeña como secretario de esa comisión, indicó que trabaja en la integración del dictamen y que la intención es llevar el tema al pleno antes del 20 de noviembre para su discusión y eventual votación.
De concretarse, los cambios buscarían ampliar la protección de los usuarios, hacer más accesibles los seguros de gastos médicos mayores y establecer obligaciones de transparencia tanto para las compañías aseguradoras como para los hospitales privados.