Advierten que incertidumbre podría inhibir inversiones

En el actual sexenio, el decreto para la “ocupación temporal” de tramos ferroviarios, los requisitos para la venta de un banco, las consultas para mover instalaciones de fábricas y múltiples cancelaciones de permisos, entre otros incidentes, inhiben las inversiones nacionales y extranjeras, alertan especialistas.

Tan es así, que a México pudieran ingresar 50 mil millones de dólares de capital foráneo, 66% más de lo que se capta.

TE PUEDE INTERESAR: Analizan abogados de Grupo México estrategia para recuperar la concesión ferroviaria

Expertos explicaron que las decisiones del Gobierno que crean incertidumbre jurídica y el aval a leyes que alejan inversiones han sido frecuentes en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el inicio de este gobierno se dieron decisiones que impactan y alejan las inversiones, como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, hasta el decreto por el cual se quitarán tramos a la concesión de Ferrosur, dijo la directora del colectivo de especialistas México, ¿Cómo Vamos?, Sofía Ramírez.

”Tendríamos más inversión con retorno a largo plazo si hiciéramos las cosas de manera más ordenada”, afirmó. Sin embargo, lo que se observa actualmente es que se quiere gobernar con decretos y el problema es que se quiere legislar al cuarto para el ratito, con aprobación acelerada de reformas, señaló.

Recordó que en 2019 también vinieron renegociaciones de la Comisión Federal de Electricidad con empresas privadas sobre contratos de transporte de gas natural, y un año después se canceló la fábrica de Constellation Brands en Baja California.

“Si hubiéramos contenido las inversiones que se fueron, estaríamos cerca de 50 mil millones de dólares (de capital foráneo)”, en lugar del promedio de 30 mil millones de dólares en los últimos años, explicó.

Para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, “es importante que exista libertad de emprender, que cualquier empresa o persona, siempre que cumpla con la ley, pueda decidir con qué producto, con qué mercado y en dónde va a invertir”.

Eso no ocurrió con Constellation Brands, aunque ya había invertido cientos de millones de dólares, porque se hizo una consulta entre la población para definir si seguía o no la obra, pero tuvo irregularidades, agregó.

”Sólo participó 5% del padrón. Una consulta fuera de la ley, no la organizó el INE, y con eso le dicen ‘aquí no puedes hacer [tu proyecto]’. Atenta contra el libre mercado, es mala señal a las inversiones”, subrayó. Cuando hay un contrato firmado y cambian las condiciones, “esto genera incertidumbre jurídica y frena inversiones”, dijo.

Sobre la decisión del Gobierno de no dar más concesiones de agua en 16 estados del norte y centro del país, buscando fomentar la inversión en el sur, el líder del sindicato patronal afirmó que “hay acciones gubernamentales que en nada favorecen a la conservación ni a la atracción de inversiones, como lo son la forma de presión de la toma reciente de la concesión de las vías de Ferrosur o la cancelación del aeropuerto de Texcoco”.

Están también las restricciones a la inversión de privados en el sector energético o la afectación a la industria de la construcción al aislar o desplazar a constructoras “al asignar la mayoría de las obras públicas a las Fuerzas Armadas”.

El vicepresidente de Fomento Industrial del sector metalmecánico de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Juan Manuel Chaparro, dijo que hay un interés común para que el país mejore.

”(El sector privado) no deja de insistir en que se requiere que el Gobierno rectifique su actuar y reconozca cambiar lo que no ha funcionado, de manera que se apliquen estrategias efectivas y bien estructuradas”, señaló.

Para dar confianza, certidumbre, certeza jurídica y un respeto al estado de derecho a inversiones privadas nacionales y extranjeras, es indispensable “que se abandone la constante generación de presión, confrontación y polarización hacia el sector privado por parte del sector federal gubernamental”.

Con información de El Universal