Declara China ‘ilegales’ transacciones con criptomonedas

BEIJING.- El banco central de China declaró ilegales el viernes todas las transacciones con criptomonedas, acelerando una campaña para bloquear el uso de dinero digital no oficial. En un aviso, el banco se quejó el viernes de que bitcoin, ethereum y otras monedas virtuales perturban el sistema financiero y son utilizadas en lavado de dinero y otros delitos.

“Las operaciones basadas en monedas virtuales son actividades financieras ilegales y están prohibidas estrictamente”, dijo el Banco Popular de China en su página. El precio de bitcoin cayó más de 9%, a 41.085, en las horas tras el anuncio, al igual que sucedió con otras criptomonedas. Ethereum cayó 10%, de 3 mil 100 dólares a 2 mil 800.

En 2013, las autoridades chinas prohibieron a los bancos del país manejar criptomonedas, pero el gobierno emitió un recordatorio este año. So reflejó la preocupación oficial de que la producción y comercio de criptomonedas pudieran seguir ocurriendo o que el sistema financiero estatal pudiera estar expuesto indirectamente a los riesgos.

Los promotores de las criptomonedas dicen que permiten anonimidad y flexibilidad, pero los reguladores chinos temen que pudieran debilitar el control del gobernante Partido Comunista sobre el sistema financiero y dicen que pudieran ayudar a ocultar actividad delictiva.

El banco central está desarrollando una versión electrónica de la moneda nacional, el yuan, para transacciones sin efectivo que puedan ser rastreadas y controladas por Beijing.

Los reguladores en otros países han advertido crecientemente que las criptomonedas deben ser mejor supervisadas. En Estados Unidos, Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, dijo que los inversionistas necesitan mayor protección en el mercado de criptomonedas. Aseguró que está “plagado por fraude, estafas y abusos” y lo comparó con la época del Viejo Oeste.

La comisión ha ganado decenas de causas contra defraudadores de criptomonedas, pero Gensler dice que la agencia necesita que el Congreso le dé más autoridad y fondos para regular adecuadamente el mercado.