Reclama 200 mdd la minera canadiense Almadex Minerals a México

CIUDAD DE MÉXICO- La empresa canadiense Almadex Minerals inició un arbitraje comercial contra México para reclamar al menos 200 millones de dólares, luego de que la Suprema Corte de Justicia anuló en 2022 sus títulos de concesión para explotar oro y plata en uno de los municipios más pobres de Puebla.

La demanda arbitral alega violaciones al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP) y fue registrada el 27 de junio ante el Centro de Arreglo de Diferencias de Inversión (CIADI) del Banco Mundial, seis días después de que la firma china Ganfeng inició un proceso similar, por la terminación de su proyecto para explotar litio en Sonora, tras la nacionalización de ese mineral.

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A estas alturas, México enfrenta ocho arbitrajes en el CIADI por disputas con empresas mineras, uno de los sectores econÛmicos que más obstáculos ha enfrentado en los útimos años.

Desde diciembre pasado, Almadex habÌa notificado a la Secretaría de Economía (SE) su intención de acudir al arbitraje; sin embargo, en una reunión de conciliación con funcionarios federales el pasado 30 de mayo no se generó un arreglo entre las partes.

La empresa también reclama pago de daños, que de ser otorgados por el tribunal arbitral, se calcularían con base en la ganancia neta estimada por la venta de minerales que hubieran sido extraídos. El arbitraje puede tomar de dos a cinco años para la emisión del laudo final.

Cuando anuló los títulos, que eran operados por la filial Minera Gorrión en el proyecto Ixtaca, la Primera Sala de la Corte estableció que es necesaria una consulta previa a pueblos indígenas para autorizar concesiones mineras; no obstante, que la ley en esa materia no lo ordena, y que en muchos casos nunca se llega a concretar alguna obra en las zonas concesionadas.

A raíz de este amparo, la SE ya no renovó las concesiones otorgadas en 2003 y 2009, que hubieran permitido operar una mina a cielo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitl·n, en la Sierra Norte de Puebla, en la que Almadex ya había gastado 40 millones de dólares, con planes para invertir hasta mil 270 millones de dólares y generar 600 empleos.

Otras dependencias, como la SecretarÌa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), se sumaron al rechazo a la mina, dictaminando que provocarÌa graves afectaciones sociales, culturales, espirituales, ambientales y a la biodiversidad, entre otras.

Durante el litigio, Almadex sostuvo que mil 500 personas de comunidades cercanas apoyaban el proyecto, y solo unas 140 se oponían, y que, en todo caso, la consulta a los pueblos indígenas debió ser previa al inicio de obras específicas para la mina, no para revisar retroactivamente los títulos de concesión.

Por Víctor Fuentes, Agencia Reforma.