Miscelánea fiscal impactará al activismo; familias y Pymes, también afectadas

Además de afectar a consumidores y pequeñas empresas, los cambios fiscales que aprobó la Cámara de Diputados para 2021 tendrán consecuencias adversas para organizaciones de la sociedad civil que reciben donaciones para llevar a cabo labores de altruismo.

Legisladores de oposición advirtieron que las modificaciones a la Ley Federal de Derechos y las correspondientes al IVA, ISR y Código Fiscal de la Federación —que todavía debe discutir y aprobar el Senado— no sólo afectarán a las familias y consumidores, debido al incremento a los costos de los servicios de internet, telefonía móvil y servicios de plataformas digitales, sino también a organizaciones de la sociedad civil, las cuales deberán dejar de recibir donaciones cuando más de la mitad de sus ingresos sea por actividades ajenas a su objeto social.

De acuerdo con la diputada Marcela Torres Peimbert, del PAN, el endurecimiento de las medidas para donatarias autorizadas afectará al menos a 50 mil asociaciones no lucrativas que generan casi tres puntos del PIB y que emplean a 2.2% de la población económicamente activa.

Diputados del PRI, PAN e incluso de Encuentro Social, aliado legislativo de Morena, alertaron también sobre afectaciones a pequeñas empresas que usan apps para realizar sus actividades.

Dan descalabro a la tarea de activistas

Diputados de oposición alertan, además, de un golpe al bolsillo por el incremento al costo de internet, telefonía móvil y Apps.

Los cambios fiscales que para 2021 aprobó la Cámara de Diputados tendrán consecuencias adversas para los consumidores en el incremento a los costos de los servicios de internet, telefonía móvil y servicios de plataformas digitales.

Al advertir de los impactos adversos que tendrán las modificaciones a la Ley Federal de Derechos y las correspondientes al IVA, ISR y Código Fiscal de la Federación, legisladores de oposición alertaron, además, del daño que generarán en las pequeñas empresas que se auxilian de las APPs para realizar sus actividades.

Las alertas prendidas en San Lázaro sobre el paquete de ingresos que mañana deberá discutir y aprobar el Senado se refieren también a las afectaciones que las nuevas medidas hacendarias tendrán en unas 50 mil organizaciones de la sociedad civil que tendrían que eliminar hasta la cuarta parte de sus fuentes de trabajo que actualmente emplean a unas 250 mil personas.

AUMENTO EN ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Aun cuando Hacienda modificó drásticamente su proyecto original que aumentaba en 56 % el pago de derechos del espectro radioeléctrico para los operadores móviles al dejarlo en 6.7%, el diputado Édgar Guzmán Valdez (PES) consideró que este incremento castigará los ingresos de las familias mexicanas.

El alza de este pago involucra a empresas como Telcel y AT&T o que tienen asignadas concesiones para explotar bandas de espectros específicos. Con el ajuste legislativo para 2021, la cuota vigente por cada kilohertz concesionado en la CDMX, de 18 mil 996.89 pasará a 20 mil 245.74.

Guzmán Valdés consideró que modificar las tarifas de 2020 por el uso y explotación del espectro radioeléctrico por cada región del país y en el cobro del espectro radioeléctrico implica que los usuarios terminarán pagando más por servicios de internet, que se han vuelto indispensables para el teletrabajo y la educación en línea en la pandemia.

Explicó que las tarifas en México se encuentran lejos de ser competitivas en comparación con los parámetros internacionales.

En el mismo sentido, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) sostuvo que el incremento de derechos en el otorgamiento de radiofrecuencias generará aumentos en los costos de los operadores y en las tarifas del servicio móvil y del internet, afectando a los ciudadanos.

El panista explicó que esta modificación afectará los proyectos de todos aquellos que tenían la intención de participar en las próximas licitaciones del espectro.

Para Ruth Salinas Reyes (Movimiento Ciudadano) este incremento tendrá consecuencias en las micro y pequeñas empresas que sustentan su actividad económica en el uso del celular, así como en estudiantes y amas de casa. 

Para el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD), estos cambios desincentivarán el desarrollo de la red de quinta generación en México, que es la nueva tecnología empleada en la comunicación entre dispositivos móviles y que garantizaría un menor consumo energético.

Margarita Guerra (PAN) previó que “esto traerá una menor participación en futuras licitaciones, una inminente devolución del espectro, una menor inversión y despliegue de infraestructura, lo que llevará a las operadoras a irse a otros países con mejores condiciones; generará atraso tecnológico y obligará a disminuir la calidad de los servicios, haciéndose menos accesibles, sobre todo para los casi 100 millones de líneas de prepago con recargas”.

GOLPE A LAS APPS

Los incrementos en el ISR para las plataformas tecnológicas, con una retención de 2.8 en la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes, 2.8 en ventas directas y 5 en servicios de hospedaje, entre otros, constituyen un golpe a la economía sustentada en las Apps, de acuerdo con los señalamientos que los diputados hicieron en la tribuna, cuando infructuosamente intentaron mantener los impuestos vigentes.

El diputado Fernando Galindo Favela (PRI) explicó que las tasas de retención sobre las actividades que se realizan a través de plataformas tecnológicas afectarán a los pequeños contribuyentes que tienen ventas menores y que están utilizando estas plataformas para otorgar un servicio.

El exsubsecretario de Egresos planteó que, para las pequeñas y medianas empresas, se trata de incrementos considerables de hasta 5%, cuando venían pagando una tasa de retención menor a uno por ciento.

Otro aspecto que los legisladores consideraron de consecuencias graves es la medida que cancelaría, suspenderá o bloqueará parcial o totalmente los servicios de las plataformas digitales por incumplimiento de obligaciones fiscales.

Peligra el altruismo

Otro de los puntos más impugnados de la futura miscelánea fiscal 2021 se refiere a las medidas con las que la Hacienda busca castigar a las donatarias autorizadas que obtienen la mayor parte de sus ingresos de actividades no relacionadas con la tarea para la cual obtuvieron ese beneficio tributario.

Pero la oposición consideró que más que transparentar los ingresos de organizaciones de la sociedad civil, se trata de un enfoque punitivo que restringirá el derecho al financiamiento y a la autonomía de diversas convenciones internacionales garantizan al también llamado tercer sector.

Con los cambios aprobados se pone fin al Programa Escuela Empresa y se obliga a las organizaciones a comprobar digitalmente todos sus gastos, al tiempo que determina que dejarán de recibir donaciones cuando más de la mitad de sus ingresos sean ajenos al denominado objeto social.

Adicionalmente, la vigilancia fiscal para el próximo año prevé restricciones para la participación de los destinatarios de donaciones en consejos de otras organizaciones del sector.

Para el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (PAN), otro punto grave es la eliminación de la deducibilidad de los donativos otorgados a instituciones de enseñanza superior.

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez (PAN) criticó el hecho de que “bajo el argumento de que no hay solicitudes del programa Escuela Empresa para recibir donativos deducibles de ISR, eliminan este programa como donataria autorizada, a pesar del escenario catastrófico que estamos viviendo por motivo de la pandemia”.

Alertó que el principal problema para los empresarios se dará en donativos en efectivo, porque al querer incorporar estudiantes en un programa social, a falta de deducibilidad esa alternativa será desalentada.

Al calificar estos cambios como “un régimen fiscal de terror”, Marcela Torres Peimbert (PAN) señaló que éste afectará al menos a 50 mil organizaciones no lucrativas que generan casi 3 puntos del PIB y que emplean a 2.2% de la población económicamente activa.