A 21 años del asesinato de la defensora de DDHH, Digna Ochoa, México ofrece disculpas públicas

El Estado mexicano reconoció su responsabilidad en la violación de derechos humanos en el caso de la muerte de Digna Ochoa y Plácido, hace 21 años, así como ofreció disculpas públicas tanto para la abogada y activista como a su familia.

Por medio del subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se señaló que el Estado no pudo garantizar la seguridad e integridad de la defensora de derechos humanos y disculparse por las fallas en los protocolos en la investigación del caso.

“Ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad e integridad personal y porque tampoco, el Estado mexicano, garantizó su acceso pleno a la justicia... Su lucha y su memoria no puede ser discriminada ni estigmatizada”, mencionó Encinas.

Mientras que Jesús Ochoa, hermano de la activista, señaló que durante años se han enfrentado a humillaciones, burlas y malos tratos de autoridades y sociedad civil durante la investigación, esto ya que al final él tenía razón, a Digna Ochoa la asesinaron.

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Así como afirmó que no parará hasta encontrar la verdad sobre la muerte de Digna, alcanzar la justicia y castigar a quienes la mataron e inventaron que era un suicidio.

“Este acto es una forma muy significativa para decirles que teníamos razón, a Digna Ochoa la asesinaron por sus ideales y defender los derechos humanos... Digna Ochoa no está muerta, está más viva que nunca y exige justicia”, señaló Jesús Ochoa ante autoridades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de su titular Ernestina Godoy, señaló que tras la reapertura de la investigación del caso de la defensora de los derechos humanos, se creó una unidad especial que cuenta con el visto bueno de su familia.

Se ofreció a la familia todas las garantías en la investigación para darles “acceso a la verdad y a la justicia”.

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CASO DIGNA OCHOA

Digna Ochoa fue encontrada sin vida en su despacho en la Ciudad de México el 19 de octubre de 2001. Por años, Ochoa trabajó como abogada en casos que implicaban a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia y de Fuerzas Armadas.

Previo a su muerte, había sido víctima de amenazas y secuestro. En 1999, solicitó medidas de protección, así como para integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; solicitud que escaló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Autoridades descartaron que se tratara de un homicidio; en 2010, la entonces procuraduría de la Ciudad de México hizo una segunda revisión y concluyó que Ochoa no había sido asesinada, sino que se suicidó.

Pero fue descartado en enero de 2022 por determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que el Estado mexicano cometió graves irregularidades en la investigación, con intención de estigmatizar a la víctima, y remarcando el contexto generalizado de impunidad en los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos, precedida de años de amenazas.