A la Opinión pública

MINISTRO HUGO AGUILAR ORTIZ
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
MAGISTRADA LAURA PERLA CÓRDOVA RODRÍGUEZ
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León
LICENCIADO JAVIER ENRIQUE FLORES SALDÍVAR
Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo LeónPresente.-

Me veo en la imperiosa necesidad de solicitarles su valiosa intervención, como consecuencia del uso faccioso y arbitrario del Poder Judicial en el Estado de Nuevo León, de la Fiscalía General de Justicia en el Estado y del Poder Judicial de la Federación del Cuarto Circuito; de quienes es del dominio público operan bajo las instrucciones del licenciado ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, a través de su hermano licenciado FILIBERTO DE LA GARZA SANTOS, titular del despacho jurídico DE LA GARZA-VEGA, mismos que han transgredido descaradamente mis derechos humanos fundamentales, a título personal, despojándome del 50% de la empresa GARAGE Y TALLERES, S. DE R.L. DE C.V.. como a continuación les participo:En el mes de octubre de 2021 recibí como herencia de mi padre Don ARTURO CORTEZ GONZALEZ, el 50% del capital social de la empresa GARAGE Y TALLERES, S. DE R. L. DE C. V., habiendo ejercido pública y pacíficamente con anterioridad a esa fecha, la administración total de patrimonio de la compañía.

No obstante que mi señor padre me otorgó materialmente esa administración, la Fiscalía General de Justicia por conducto de su actual titular, procedió a integrar en mi contra, una carpeta de investigación totalmente improcedente y amañada por un supuesto delito de despojo de inmueble inexistente.

Es increíble que habiendo demostrado fehacientemente que mi padre me confirió la administración de la empresa, el Poder Judicial en el Estado a través de los Jueces de Control, confabulados con el Licenciado JAVIER ENRIQUE FLORES SALDÍVAR (actual titular de la Fiscalía General de Justicia en el Estado y entonces asesor jurídico del denunciante), haya tramitado la carpeta judicial 4098/2023; en la que sin respetar mi derecho de audiencia, de defensa y de contradicción, ordenó arbitrariamente el aseguramiento de la compañía familiar de la cual soy propietario del 50% y posteriormente emitió auto de vinculación a proceso en mi contra, aparentando un fraude inexistente, que nunca fue objeto de denuncia ni de la investigación integrada en mi contra. Todo esto violando la jurisprudencia obligatoria que debió aplicarse a mi favor por los Jueces de Control.

Queda claro que quien orquesta este plan, es el señor JORGE ALEJANDRO TREVIÑO GARZA suegro de mi hermano fallecido ROBERTO CARLOS CORTEZ GARZA, mismo que pretende despojarme de mi participación accionaria en la empresa familiar, utilizando como aparato de extorsión, a la Fiscalía y al Poder Judicial del Estado de Nuevo León; en contubernio y con la intervención del actual alcalde de Monterrey ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, de su hermano FILIBERTO DE LA GARZA SANTOS y del actual fiscal JAVIER ENRIQUE FLORES SALDÍVAR, al grado que es de mi conocimiento que ha ofrecido el 25% de la empresa a estas personas para lograr su cometido.

Lo mas grave del caso, es que las injusticias, irregularidades y violaciones a mis derechos fundamentales, fueron puestas del conocimiento de las Juezas Quinto de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, MARTHA YADIRA MACHADO LÓPEZ e IRENE GUADALUPE CISNEROS LÓPEZ y no obstante dichas funcionarias públicas en todo momento actuaron contra constancias, al servicio de los intereses de mi contraparte, tal y como puede corroborarse en los juicios de amparo 893/2023, 233/2024, 838/2024, 915/2024, 682/2025, 1284/2025 entre otros; en los que las Juzgadoras Federales han emitido resoluciones infundadas y contrarias a derecho, que han favorecido indebidamente a la contraparte.

Como consecuencia del ejercicio abusivo del aparato de justicia, se ha permitido que desde el 4 de enero de 2024, la administración de una empresa familiar producto del esfuerzo y trabajo incansable realizado durante décadas, se haya puesto en manos de un “interventor a modo” designado por mi contraparte y solapado por las autoridades ahora denunciadas, permitiéndole impunemente que administre la compañía sin requerirle la rendición de cuentas solicitada en ocasiones múltiples y negada sin sustento legal por la Fiscalía y Poder Judicial Local y Federal.

Por estas razones, recurro apremiantemente ante Ustedes, para que se restablezca el Estado de Derecho y en el ámbito de las atribuciones que legal y constitucionalmente les corresponde como titulares de los Órganos de Justicia que representan, inicien la investigación respectiva para que sean sancionadas las autoridades que han actuado en contra de los principios de imparcialidad y de objetividad, que todo órgano de administración de justicia debe cumplir invariablemente.

Reitero mi agradecimiento por su intervención en el particular.

Monterrey, N. L. a 21 de enero de 2026.
Lic. ARTURO BERNABÉ CORTEZ GARZA.