Al menos 600 cabilderos operan en el Congreso, sin regulación

Más de 600 personas –tanto a título propio, como representando a compañías locales y transnacionales, cámaras empresariales y gremiales, así como asociaciones civiles locales y extranjeras– están registradas para promover intereses legítimos de particulares en ambas cámaras del Congreso mexicano. Al margen de un padrón de cabilderos con algunos datos de contacto, los temas de interés y las comisiones y legisladores sobre los que se busca incidir, no hay más información ni regulación.

México es de los tres países en América Latina y el Caribe que cuentan con un registro de cabilderos; pero sin éste, la reglamentación es prácticamente inexistente. En general, los países de la región necesitan acelerar la aplicación de sus regulaciones sobre cabildeo, financiamiento político y conflicto de intereses, expone un informe publicado la semana pasada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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En el informe Panorama de las administraciones públicas: América Latina y el Caribe 2024, los organismos exhiben que, si bien México cuenta con un marco normativo que define qué es el cabildeo, incluidos los actores que se consideran grupos de presión, no hay más. No se tiene un área u oficina abocada a supervisar la transparencia de lo que se llama cabildeo, y lejos se está también de contar con sanciones en caso de que se incumplan esos lineamientos.

El cabildeo existe como parte de la representación de una serie de intereses y ayuda a identificar el impacto que las políticas tendrán en diversos grupos. Sin embargo, las políticas públicas sufren si las prácticas de cabildeo no son transparentes o no están reguladas, lo que permite a los grupos de interés monopolizar la influencia, manipular la opinión pública, influir en las decisiones gubernamentales y, en última instancia, obstaculizar la aplicación efectiva de las políticas públicas, destaca el informe.

En entrevista con La Jornada, Jorge Fernández-Rúa y José María Fernández-Rúa plantean la necesidad de que el cabildeo sea regulado, como un intento legítimo de influenciar las políticas públicas y de participación política más allá de los sistemas de elecciones. En varios parlamentos, incluidos la Unión Europea y Estados Unidos, la actividad está completamente normalizada y se entiende como una parte del proceso de toma de decisiones pública, comenta el primero.

Los autores de un compendio de prácticas sobre cabildeo subrayan la necesidad de entender el también conocido lobbying, como una práctica de acercar datos, estudios de política comparada y demás insumos informativos a los legisladores, a fin de que éstos puedan tomar mejores decisiones en el diseño de leyes. Lo otro es tráfico de influencias (...). La línea, a veces, no está tan clara, comenta Jorge Fenández-Rúa.

“Si hay alguien que quiere hacer las cosas mal, es materia del código penal. Es como si en un proceso judicial el abogado intenta sobornar al juez. No está practicando abogacía, está cometiendo un delito. En el ámbito del lobbying es lo mismo. O ejerces una actividad profesional de forma transparente, rigurosa y clara; o la otra cosa, por mucho que la línea sea fina, un delito”, agrega José María Fernández-Rúa.

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Por ello, también es necesario regular el fenómeno de las puertas giratorias (que una persona con un alto cargo público pase a trabajar para una empresa privada); el cual, consideran puede permitirse, siempre y cuando no pase por conflictos de intereses.

Como ejemplo, “si una persona acaba de terminar su cargo, pero ha regulado en materia energética, no debería hacer lobbying en ese sector, debe haber un periodo de enfriamiento”, que en algunos países es de dos años.

Todos los huecos legislativos alrededor del tráfico de influencias y el cabildeo hacen necesario regular la actividad, sopesan ambos especialistas. Entre lo que se puede hacer, comentan, se encuentra la huella legislativa; desde registrar las reuniones con comisiones y legisladores, los temas que se tratan y el seguimiento a las conversaciones que se tienen. Entre más transparente el quehacer de los políticos, menos margen para corrupción.

Con información de La Jornada