Alerta SCJN que reforma judicial de AMLO pone en riesgo de quedar atormentados más de 3 millones de casos

De ocurrir una abrupta sustitución de jueces y magistrados como plantea la reforma constitucional al Poder Judicial, más de 3 millones de casos en revisión en juzgados y tribunales están en riesgo de quedar atorados, alertan autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En un análisis denominado “Problemas asociados con la iniciativa de reforma constitucional del Poder Judicial”, presentado el 5 de febrero de 2024, el Máximo Tribunal advierte que el sistema judicial en México colapsaría si la reforma en esa materia pasa en sus términos.

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Menciona que además de la afectación a más de 3 millones de casos, se incurriría en violación a obligaciones internacionales, violación a derechos laborales, realizar un proceso electoral innecesario que costará más de 30 mil millones de pesos, así como resoluciones al vapor por parte de jueces que teman ser sancionados por no resolver antes del plazo de seis meses.

“La elección popular de personas juzgadoras no garantiza una mayor legitimidad. La elección popular de personas juzgadoras no garantiza una mayor calidad en las decisiones judiciales. La elección popular de personas juzgadoras no garantiza que las personas electas cuenten con los conocimientos y competencias necesarias para desempeñar la función judicial”.

“El proceso de selección de personas candidatas para la reelección compromete su imparcialidad durante el desempeño de su cargo. La elección popular afectará el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de las personas involucradas en procesos judiciales”, alerta el documento.

Se explica que actualmente el Poder Judicial de la Federación se compone por 932 órganos jurisdiccionales (salvo por la SCJN y el TEPJF), que requieren de las labores de mil 580 titulares de órganos jurisdiccionales (jueces, jueces, magistradas y magistrados). Entre los órganos administrativos y jurisdiccionales suman un total de 54 mil 388 personas servidoras públicas, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia del Inegi (2023).

Otra problemática que representa el proyecto de reforma al PJF son altos e innecesarios costos derivados del proceso de elección popular de la Judicatura federal y estatal, el cual estiman en más de 30 mil millones de pesos para elegir más de 7 mil cargos de entre más de 40 mil candidatas y candidatos.