AMLO desaparecería 17 organismos; más de 3 mil burócratas quedarían en el limbo
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El gobierno federal tiene en sus manos un proyecto para reestructurar la administración pública federal y desaparecer 17 organismos públicos, los cuales en conjunto representan un presupuesto de 2,755 millones de pesos para este año
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja en un proyecto de reforma para desaparecer organismos desconcentrados y descentralizados y transferir sus funciones a dependencias como la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o la Secretaría de Gobernación (Segob).
En total, y de acuerdo con el documento del anteproyecto difundido, son 17 organismos públicos federales que desaparecerían, entre los que se encuentra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), entre otros.
En los órganos propuestos para fusionarse con las dependencias de gobierno trabajan aproximadamente de 3,113 servidores públicos, de acuerdo con el Analítico de Plazas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022. Estos burócratas estarían a la deriva durante el proceso de liquidación de los entes públicos.
Aunque en el documento se menciona que los derechos de los trabajadores serán respetados, los artículos transitorios también indican que las dependencias que absorberán a los organismos desconcentrados y descentralizados deben “prever el presupuesto y los mecanismos necesarios para la liquidación de personal conforme a la legislación laboral y enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la Federación”.
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El Inapam y el Inaes abarcan al 39% de todos los servidores públicos que podrían verse afectados por los cambios. En tanto, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con una plantilla de 362 personas; el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), con una de 325, y el Instituto Mexicano de la Juventud, con una de 205, son áreas con una fuerza laboral que puede igualarse a la de empresas grandes o medianas, respectivamente.
De acuerdo con especialistas consultados, el escenario legal para estos funcionarios es de incertidumbre tanto en la permanencia del empleo como en sus condiciones de trabajo, esto debido a los cambios que pueden darse entre regímenes laborales tras la fusión.
Los 17 organismos contemplados en el proyecto suman un presupuesto de 2,755 millones 815,251 pesos, casi el doble de la partida asignada a toda la Secretaría de la Función Pública y cinco veces los recursos con los que contará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) este año.
Sin embargo, esta suma representa sólo 0.04% del PEF para 2022, lo que a decir del politólogo Javier Martínez en un análisis publicado en la Revista Nexos, demuestra que la reestructura administrativa planteada se vincula más con un interés de centralización organizacional que con una medida de austeridad.
La mayoría de los entes públicos que serán fusionados son organismos descentralizados y desconcentrados de las dependencias que absorberán sus recursos materiales y humanos. Por ejemplo, el Inapam o el Inaes están adscritos a la Secretaría de Bienestar, misma que se quedaría con sus funciones, un caso similar es el del Conapred con la Secretaría de Gobernación, que conservaría las tareas que tiene actualmente el consejo.
El Imjuve es uno los entes públicos que tendría un cambio drástico y dejaría de ser un organismo descentralizado de la Secretaría de Bienestar para fusionarse con la STPS. Algo similar ocurriría con la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo), que ya no sería un órgano desconcentrado de la Segob y sería absorbido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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Los organismos sacrificados
De concretarse el proyecto, éstas son las áreas que desaparecerían y el número de trabajadores que se emplean en ellas:
Órganos administrativos desconcentrados
Secretaría General del Consejo Nacional de Población – 127 servidores públicos
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados – 48 servidores públicos
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes – (No se proporciona el dato)
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo – 179 servidores públicos
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía – 97 servidores públicos
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias – 166 servidores públicos
Instituto Nacional de la Economía Social – 437 servidores públicos
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera – 96 servidores públicos
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas – 96 servidores públicos
Organismos descentralizados
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación – 108 servidores públicos
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores – 790 servidores públicos
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad – 31 servidores públicos
Instituto Mexicano de la Juventud – 205 servidores públicos
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua – 362 servidores públicos
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático – 325 servidores públicos
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar – 8 servidores públicos
Entidades no sectorizadas
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción – 74 servidores públicos
El plan de reestructura administrativa no es nuevo, en diciembre de 2021 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció una “reforma administrativa” para absorber “las atribuciones y personal del INECC” y sumar al IMTA y sus colaboradores a la estructura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esto fue resultado de un análisis para identificar la “complementariedad de responsabilidades”, informó la dependencia.
“Cabe destacar que en ambos casos, se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, y las oficinas, laboratorios y demás instalaciones de estos organismos no tendrán cambio alguno”, señaló la Semarnat en un comunicado.
Escenario laboral de incertidumbre
Especialistas en Derecho Laboral afirman que el panorama para los servidores públicos que trabajan en las instituciones que pueden desaparecer es de incertidumbre, debido a los cambios en el régimen laboral que pueden derivar de la fusión.
Mientras los órganos administrativos desconcentrados se rigen por el apartado B de la Constitución, que regula la relación de los trabajadores al servicio del Estado, los organismos descentralizados pueden estar bajo el régimen del apartado A, es decir, relaciones laborales en el sector privado, explica Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboralista y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.
“Hay muchos casos en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de trabajadores que han sido separados en anteriores reestructuraciones y que no se les paga ningún tipo de indemnización”, puntualiza.
Los más afectados, considera el especialista, podrían ser los burócratas que cambien su régimen del apartado A al apartado B tras su fusión con una dependencia del gobierno, pero también es preocupante lo que pueda ocurrir con los trabajadores que se encuentran actualmente en órganos desconcentrados, pues no hay claridad en la indemnización que deberán recibir.
“Se plantean escenarios en los que se ordena una reestructuración administrativa y no solamente habrá reajustes en los puestos de trabajo, sino a los montos de los salarios que se pudieran estar pagando a los servidores públicos que continúen trabajando. Las fusiones también pueden traer como consecuencia que se firmen nuevos contratos de trabajo y eso derive en una reducción de sus derechos. Aunque estos temas son ilegales, si el trabajador acepta una reducción de salarios o prestaciones no hay algo que se pueda reclamar”, expone Fuentes Muñiz.
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, autoridad encargada de resolver los conflictos laborales en la Administración Pública Federal cuenta con la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado (Prodetset), pero no puede intervenir en conflictos vinculados con el Conapred, INECC, Inapam e Imjuve, entes públicos contemplados en el proyecto que se evalúa en la Presidencia de la República.
“Ante la fusión cambiarán las condiciones generales de trabajo, lo más probable es que sea la de los trabajadores de organismos descentralizados y generalmente es para bajar sus sueldos y equipararlos a los de los órganos desconcentrados. Desde luego cambiarán al régimen del apartado B en lugar del A y ello tiene que ver mucho con sus prestaciones, aguinaldos, entre otras condiciones”, señala Sara Morgan Hermida, consultora independiente y abogada laboralista.
Nuevo contrato, el siguiente paso
Sara Morgan explica que a diferencia de las sustituciones patronales en el sector privado en la que los trabajadores son transferidos a un nuevo empleador con sus mismas condiciones de trabajo, la desaparición de un organismo descentralizado implica la extinción de la fuente de empleo y, por lo tanto, los servidores públicos se sujetarán a un nuevo contrato.
“Es una adaptación y es un contrato nuevo. La fusión es un contrato nuevo que deben de firmar. Es un golpe fuertísimo para todos estos trabajadores. Por supuesto que les van a bajar sus prestaciones, es una manera diferente de recibir su salario, también es una manera diferente de recibir sus prestaciones”, apunta Sara Morgan.
Entre los escenarios probables en caso de avanzar la reforma, subraya la consultora, la reducción de sueldos es de las más realistas, pues al pasar a formar parte de la estructura de una dependencia, los tabuladores son definidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para Manuel Fuentes, el riesgo para los derechos laborales de estos trabajadores “es inminente”, no sólo en cuanto a la pérdida del empleo, sino en cuento a la permanencia. Si es que las condiciones laborales en el centro de trabajo actual son superiores a las de las dependencias, podrían estar perdiendo prestaciones laborales y sus condiciones de trabajo estarían limitadas a un tema presupuestal más riguroso”, opina.
Desde la óptica del especialista, entre los servidores públicos que estarán involucrados en la fusión, los funcionarios de confianza serán los más desprotegidos. “Aunque estén en el Apartado B, no tienen derecho a ningún tipo de indemnización, reinstalación y demás, es el sector que estará quedando en más indefensión, porque prácticamente sus derechos son nulos”.
Aunque Sara Morgan considera que el personal de confianza debe ser liquidado, reconoce que en las reestructuras administrativas de este tipo es el personal con más probabilidades de ser recortado.
Los especialistas coinciden en que, como cualquier otra fusión de empleadores, el escenario de recortes de personal no se puede descartar, pero los cambios en los regímenes laborales serán los que determinen las nuevas condiciones de trabajo de los burócratas que conserven su empleo.
Con información de El Economista
