AMLO evita hablar de responsabilidad de CFE en tragedias mineras; Familia Pasta de Conchos le responde

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/ 16 agosto 2022

Ante la exigencia de la organización de cancelar títulos en zonas de alto riesgo por minados viejos y revisar contratos que la comisión adjudicó sin inspección, el mandatario destacó que su gobierno no ha permitido que se sigan entregando concesiones

Luego de que la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) exigió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deje de comprar carbón a minas inseguras (sin inspecciones), como lo hizo con la de “El Pinabete”, en Sabinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar sobre la responsabilidad de la empresa productiva del Estado, y culpó al gobierno de Vicente Fox por haber otorgado la concesión de explotación.

En su conferencia matutina, una reportera cuestionó al mandatario sobre dicha petición y la situación de riesgo que estaría latente en la Región Carbonífera, con más minas que operan sin la inspección y regulación adecuada.

Parte de lo que mencionan es que hace un año, cuando pasó lo de Múzquiz (siete fallecidos en derrumbe en la Mina de Micarán, en la población de Rancherías), se solicitó que hubieran medidas de no repetición, y un año después se da esta situación piden que la CFE, que es la principal contratista, se haga responsable de las condiciones en que trabajan estos mineros.

“Está haciendo la investigación la FGR. Se debe evitar que ocurran estos accidentes lamentables, y lo estamos haciendo. La medida más importante del Gobierno que encabezo es no permitir que se sigan entregando concesiones (...) esta mina fue concesionada por Fox y si estamos viviendo lo que sucedió, en el sentido estricto, es porque no se debió entregar la concesión, porque cómo se entrega junto a una mina cancelada, inundada, con una superficie enorme.

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“Entonces, la FGR tiene que hacer la investigación sobre estos lamentables hechos y nosotros continuar con la política de no seguir entregando concesiones. Hemos entregado una sola concesión y en los gobiernos neoliberales hubo 120 millones de hectáreas concesionadas para la minería. Es más, la Secretaría del Trabajo la manejaban las empresas mineras, a esos extremos se llegó, por eso estos lamentables accidentes”, respondió el Presidente.

“SEÑOR PRESIDENTE, LO QUE PEDIMOS ES LA CANCELACIÓN DE LOS TÍTULOS”

Minutos después de la denominada “mañanera”, la OFPC publicó en sus redes sociales una réplica al presidente López Obrador, en la que señalan que toda la Región Carbonífera ya está concesionada y por ello lo que piden es la cancelación de todos los títulos en zonas de alto riesgo por minados viejos.

“Sr. Presidente: el problema en la Zona Carbonífera de Coahuila no es solo la entrega de concesiones, pues toda la zona ya está concesionada, también es la decisión de CFE de comprar carbón a minas inseguras en ausencia de inspecciones laborales. Para evitar más siniestros, ¡revise sus políticas energética y laboral!”, expone el mensaje.

En ese sentido, el pasado 14 de agosto la propia organización cuestionó que la CFE renovara un contrato de adquisición de carbón por 89.48 millones de pesos a Carkim Industrial, empresa que fue utilizada por la Mina Micarán (donde fallecieron siete mineros el año pasado) para venderle carbón de la cueva siniestrada a la comisión.

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“14 meses y 9 muertos después de la mortal inundación en las cuevas de Rancherías, la @SE_mx @tatclouthier va a actuar suspendiendo derechos de concesionario. Mientras tanto @CFEmx @ManuelBartlett les renueva contrato por 89’480,196 millones. No, no son iguales, pero se ven idénticos”, señala el post.

De acuerdo con OFPC, el problema deriva del Numeral 16 del pliego de requisitos que la CFE determina para la adjudicación de contrato de carbón, la cual permite presentar “una verificación por parte de una empresa o entidad pública o privada con capacidad técnica y administrativa para validar el cumplimiento normativo y la operación confiable de un centro de explotación”.

Con dicho criterio, apunta la organización, la CFE entregó contratos a empresa que estaban restringidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por no cumplir con las normas de seguridad e higiene, o que nunca fueron inspeccionadas por la dependencia, como sucedió con los pozos de “El Pinabete”.

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