Amnistía Internacional México denuncia uso del Sistema Judicial para espiar a defensoras de DH

En un comunicado conjunto, Amnistía Internacional México, la Fundación para la Justicia y el Grupo Argentino de Antropología Forense (GAAF) han expuesto una preocupante situación respecto al uso indebido del sistema de justicia penal en México. Según las organizaciones, se ha utilizado este sistema para investigar y espiar a defensoras de derechos humanos en el país.

Las denuncias se centran en la actuación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), actualmente Fuerza Especial de Materiales de Delitos Organizados (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR). Según las organizaciones, en 2016 se llevó a cabo una investigación judicial indebida que incluyó actividades de espionaje ilegal en contra de tres destacadas defensoras de derechos humanos.

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QUIÉNES FUERON LAS DEFENSORAS DE DH QUE FUERON ESPIADAS POR EL SISTEMA JUDICIAL

Las defensoras afectadas por estas acciones son la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti. Estas mujeres, reconocidas por su labor en la defensa de los derechos humanos, fueron objeto de una investigación indebida por parte del Estado mexicano, bajo la acusación de presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro.

De acuerdo con las organizaciones denunciantes, hasta la fecha no se ha procesado ni castigado a ningún funcionario responsable del espionaje. Esto, según indicaron, refleja una impunidad que permite la continuación de prácticas de acoso y persecución contra las defensoras de derechos humanos en México.

Amnistía Internacional México ha destacado que este caso no es aislado, sino que forma parte de una tendencia preocupante en el país. En su último informe titulado “Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos”, la organización advierte sobre la instauración de prácticas arbitrarias en el uso del sistema penal contra personas que denuncian violaciones a los derechos humanos, las investigan y acompañan a las víctimas en la búsqueda de justicia y reparación.

Es importante recalcar que la intervención de las autoridades se llevó a cabo sin contar con evidencias suficientes que vincularan a las tres defensoras con los delitos imputados. Además, estas acciones de investigación y espionaje ocurrieron en un contexto en el que las tres mujeres trabajaban desde distintas disciplinas para esclarecer las masacres de personas ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, entre agosto de 2010 y abril de 2011.

NO HAY EVIDENCIA DE QUE ESPIONAJE HAYA CESADO DESDE 2016

A pesar de que la investigación y el espionaje tuvieron lugar en 2016, hasta la fecha se desconoce si estas prácticas continúan. Esta incertidumbre ha mantenido a las tres defensoras en una situación de vulnerabilidad durante ocho años, con la amenaza constante de que se siga utilizando el sistema de justicia de manera indebida en su contra, sin garantizar los principios básicos del debido proceso.

Edith Olivares Ferrete, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, ha manifestado su preocupación por este caso emblemático, destacando que refleja la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México. Según Olivares Ferrete, el uso arbitrario del sistema penal para perseguir, amedrentar y criminalizar a personas defensoras de derechos humanos es una práctica alarmante que requiere una atención urgente por parte de las autoridades competentes.