Anulan sanción contra exgerente de Banobras implicado en la ‘Estafa Maestra’
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Los magistrados determinaron que la ASF sancionó a Pavón Luna, en ese momento gerente de servicios de Tecnologías de la Información en Banobras, con una normatividad distinta a la vigente en 2013
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revocó un fallo por el que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) responsabilizó a Gerardo Pavón Luna, exfuncionario de Banobras, de causar un daño al erario por 9 millones de pesos como parte de los desvíos de la denominada “Estafa Maestra“.
En sesión de este miércoles, los magistrados determinaron que la ASF sancionó a Pavón Luna, en ese momento gerente de servicios de Tecnologías de la Información en Banobras, con una normatividad distinta a la vigente en 2013, fecha en que se habría cometido la falta que se le atribuyó.
La ASF responsabilizó al exfuncionario de no vigilar las acciones del personal que participó en la firma de un contrato de prestación de servicios con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM.
“Al no haberse cumplido con el requisito de debida fundamentación establecida en el art 16 const debido a que la autoridad tuvo como fundamento de su decisión normativa que no se encontraba vigente, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 51 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que hace procedente declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas”, expone el fallo aprobado por 10 votos a favor y uno en contra.
En su fallo, la ASF argumentó que la falta de vigilancia y ejecución del contrato provocó un daño al erario por un monto de 9 millones 161 mil 680 pesos.
Nora Elizabeth Urby, única magistrada que votó en contra del fallo de la Sala Superior del TFJA, argumentó que la resolución de la ASF en contra de Pavón Luna estaba fundamentada y sugirió retomar la investigación pero con la norma vigente.
La “Estafa Maestra” fue un esquema mediante el que el gobierno Federal desvió millones de dólares a través de una red de empresas fantasma que involucró a 11 dependencias y universidades públicas de todo el país.
