Atención médica inadecuada del ISSSTE causó muerte a derechohabiente, acusa la CNDH

Luego de una investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que una derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) murió por atención médica inadecuada.

Los hechos sucedieron el 1 de abril de 2021, cuando la víctima ingresó al Servicio de Urgencias del Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” de la Ciudad de México.

En su recomendación 173/2022, la CNDH determinó que la víctima murió como consecuencia de un “choque séptico, sepsis abdominal y adenocarcinoma del recto”, debido a que las personas servidoras públicas que la tuvieron bajo su cuidado “omitieron la adecuada atención médica que requería para un pronóstico, diagnóstico y tratamiento oportuno”.

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Igualmente se advirtió que la falta de personal médico en el servicio de Cirugía del Hospital Zaragoza, que brindara atención urgente a la víctima por el cuadro clínico que presentaba, incidió en la grave afectación a su salud, lo que se tradujo en incumplimiento del deber de atención médica y evidenció la responsabilidad institucional.

“También quedó claro que el Hospital Zaragoza no contaba con el aparato y los recursos para realizar una prueba necesaria para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar”, expuso la CNDH.

A partir del análisis de la información obtenida se determinó que se cuenta con evidencias suficientes que acreditan violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida de la víctima, así como al acceso a la información en materia de salud en agravio de su cónyuge y de sus hijos.

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Con base en lo anterior, la CNDH exhortó al ISSSTE para que proceda a la inmediata reparación integral del daño de las personas afectadas, incluyendo la compensación justa en términos de la Ley General de Víctimas, así como que se colabore ampliamente con su Órgano Interno de Control en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que interponga contra los servidores públicos involucradas en los hechos.

Con información de Aristegui