Buscan cárcel por ‘explotación financiera’ de mayores de 65
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Una propuesta en la Cámara de Diputados busca crear un tipo penal específico para sancionar el uso indebido de recursos y pensiones de personas mayores
CDMX.- El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para tipificar como delito la explotación financiera de personas adultas mayores y sancionarla con penas de cuatro a ocho años de prisión.
La propuesta, impulsada por la diputada Azucena Huerta Romero (PVEM), plantea reformas al Código Penal Federal y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de ampliar la protección de los derechos económicos de ese sector; el proyecto fue turnado a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables.
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En el Código Penal Federal, la iniciativa plantea adicionar un Capítulo III Quater al Título Vigésimo Segundo, denominado “Explotación Financiera de Adultos Mayores”, mediante la incorporación del artículo 390 Ter.
El artículo propuesto establece que comete el delito quien, valiéndose de una relación de parentesco, tutela, laboral, de confianza o de cualquier índole que genere superioridad o dependencia, se apropie, utilice o disponga indebidamente de recursos económicos, bienes o pensión de una persona mayor de 65 años, para beneficio propio o de un tercero, sin el consentimiento libre e informado de la víctima.
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El proyecto contempla penas de cuatro a ocho años de prisión y multa de 200 a 500 días, además de un incremento de la sanción en una mitad cuando la víctima presente alguna discapacidad o condición que limite su capacidad para comprender el hecho o para resistirlo. También plantea que el delito se persiga de oficio.
En la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la iniciativa propone adicionar un Capítulo IV al Título Cuarto, denominado “De las Instituciones Financieras”, con un artículo 23 Bis, para establecer que corresponde a instituciones financieras públicas y privadas promover la simplificación de trámites para el cobro de pensiones y otros servicios requeridos por personas adultas mayores.
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Asimismo, plantea que las instituciones financieras establezcan y operen protocolos para la detección y notificación de patrones de transacciones inusuales o sospechosas en cuentas de adultos mayores a la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de prevenir la explotación financiera, salvaguardando la protección de datos personales.
Como parte de la argumentación, el documento refiere que, de acuerdo con el Inegi, en 2021 el 4.7% de las mujeres de 60 años o más reportó haber sufrido violencia económica por parte de un familiar, mientras que registros de la Condusef señalan que 63% de las reclamaciones de adultos mayores ante la banca serían imputables a un posible fraude.
La iniciativa sostiene que el marco legal actual resulta insuficiente, al señalar que la figura más cercana es el “abuso de confianza”, pero que su aplicación es limitada en estos casos porque se persigue por querella, lo que —argumenta— dificulta que víctimas que dependen de su agresor puedan denunciar. Con información de El Universal
